Las políticas antimigrantes que impulsa Donald Trump, y que ya han dejado dos civiles muertos por brutales redadas, también se han extendido al Gobierno federal, pues la falta de acuerdos en el Congreso mantiene en riesgo de cierre prolongado a varias agencias, usando el presupuesto como rehén político para imponer una agenda de exclusión y castigo social.
Agencias / EL LIBERTADOR
El Congreso de Congreso de los Estados Unidos vive horas de alta tensión ante el riesgo de que se prolongue el cierre parcial del gobierno federal, un escenario que amenaza con paralizar servicios esenciales, profundizar la crisis política y evidenciar, una vez más, la incapacidad de las élites para alcanzar acuerdos mínimos en materia presupuestaria.
El vencimiento del plazo legal para aprobar las leyes de financiación dejó sin recursos a varias agencias federales, afectando directamente a miles de empleados públicos que podrían enfrentar retrasos salariales o suspensión de labores. El temor en el Capitolio no se limita a un cierre breve, sino a que este se convierta en un conflicto de larga duración, similar o incluso peor al ocurrido en años anteriores.
Desde la Casa Blanca se ha instado al Congreso a aprobar de inmediato un paquete de medidas presupuestarias ya avalado por el Senado, con el objetivo de reactivar las áreas del gobierno que han quedado sin financiamiento. Sin embargo, la Cámara de Representantes continúa profundamente dividida.
“Estoy trabajando duro con el presidente Johnson para conseguir el actual acuerdo de financiación, que se aprobó en el Senado la semana pasada, a través de la Cámara y a mi escritorio, donde lo firmaré en la ley, ¡INMEDIATAMENTE!”, escribió el mandatario estadounidense Donald Trump en su red social Truth.
Además, agregó: “Necesitamos abrir el Gobierno, y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi escritorio SIN DEMORA. NO puede haber CAMBIOS en este momento”, ha añadido para expresar su preocupación por la situación.
En tanto, los demócratas condicionan su respaldo a que se incluya una reforma migratoria de mayor alcance, mientras que sectores del Partido Republicano exigen recortes adicionales al gasto y cambios en programas sociales. Esta pugna ha bloqueado cualquier avance sustantivo y mantiene al país al borde de una nueva crisis institucional.
El presidente Trump ha incrementado la presión sobre los legisladores, responsabilizando a la oposición del estancamiento y defendiendo una agenda que prioriza el control migratorio y la reducción del tamaño del Estado. No obstante, dentro de su propio partido existen facciones que tampoco están dispuestas a apoyar el paquete presupuestario sin concesiones adicionales.
Analistas citados por medios internacionales advierten que la prolongación del cierre podría impactar negativamente en la economía, afectar la confianza de los mercados y deteriorar aún más la imagen de la clase política estadounidense. Además, el costo social sería significativo, pues millones de ciudadanos dependen de servicios públicos que podrían verse interrumpidos.
El nerviosismo en el Congreso refleja un problema estructural: la utilización del presupuesto como arma de negociación política. En lugar de garantizar el funcionamiento del Estado, las fuerzas partidarias convierten la financiación pública en rehén de disputas ideológicas.
Mientras continúan las negociaciones a puerta cerrada, crece la percepción de que Estados Unidos se encamina hacia otro episodio de parálisis gubernamental, evidenciando que, en el corazón del poder mundial, la gobernabilidad también está en crisis.
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