Los encargados de aprobar el pago de 230 millones de dólares al presidente Donald Trump como compensación por investigaciones federales en su contra fueron abogados defensores del mandatario, lo que refleja un posible conflicto de intereses, resalta The New York Times.
Agencias / EL LIBERTADOR
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demanda que el Departamento de Justicia de EE.UU. le pague 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales en su contra.
Según detalla The New York Times, se trata de una situación sin precedentes ya que si bien el mandatario estadounidense fue acusado cuando aún era candidato, finalmente ganó las elecciones, por lo que asumió el control del mismo gobierno que ahora debe revisar las denuncias.
De esta manera, sería el más claro ejemplo de los posibles conflictos éticos que se generan al instalar a los antiguos abogados del presidente a cargo del Departamento de Justicia.
Trump, de 79 años, presentó sus quejas mediante un proceso administrativo de reclamaciones que a menudo es el precursor de demandas judiciales.
El citado medio detalla que el republicano presentó la primera acusación a fines de 2023, alegando “daños y perjuicios” por una serie de supuestas violaciones de sus derechos, incluyendo la investigación del FBI sobre la manipulación de las elecciones rusas y posibles conexiones con la campaña de Trump de 2016.
En tanto, la segunda denuncia, presentada en el verano (del hemisferio norte) de 2024, acusa al FBI de violar la privacidad del magnate por el allanamiento de su residencia en Mar-a-Lago, en Florida.
Durante dicho procedimiento, realizado en 2022, los agentes buscaron documentos clasificados que Trump se habría llevado desde la Casa Blanca al terminar su primer mandato.
El actual mandatario además acusa al Departamento de Justicia de “procesamiento malicioso” tras ser imputado por malversación de registros confidenciales al dejar el cargo.
Expertos consultados por The New York Times afirman que la situación plantea “innegables desafíos éticos”. Bennett L. Gershman, profesor de ética de la Universidad Pace, aseguró que “el conflicto ético es tan básico y fundamental que no hace falta un profesor de derecho para explicarlo”.
“Que sean personas del Departamento de Justicia las que decidan si su demanda debe prosperar o no, y que sean estas personas que sirven a él las que deciden si gana o pierde… es extraño y demasiado descabellado para creerlo”, remarcó.
Cabe señalar que las reclamaciones administrativas no son técnicamente demandas, sino que más bien son quejas que se presentan primero al Departamento de Justicia mediante el llamado “Formulario Estándar 95”, para ver si se puede lograr un acuerdo sin una demanda en un tribunal federal.
Si el departamento rechaza formalmente la reclamación, o se niega a actuar al respecto, se podría demandar en los tribunales. Sin embargo, se considera un escenario poco probable en este caso, considerando que Trump ya está negociando con sus subordinados.
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