DEFENSORES DENUNCIAN VÍNCULOS ENTRE AGRESORES Y GENTE DEL GOBIERNO: “RECIBÍAN INSTRUCCIONES”

La exdiputada Ligia Ramos y el defensor Víctor Fernández denunciaron haber sido retenidos ilegalmente por un grupo de encapuchados en Locomapa, Yoro. Fernández señaló supuestos vínculos de los agresores con sectores del actual gobierno y acusó protección policial hacia los responsables.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Momentos de tensión se vivieron la noche del pasado 13 de mayo, cuando la exdiputada Ligia Ramos y el integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Víctor Fernández, denunciaron haber sido retenidos ilegalmente en la comunidad de San Francisco de Locomapa, Yoro.

Según la denuncia, varios individuos encapuchados interceptaron el vehículo en el que se transportaban y, posteriormente, un grupo de pobladores bloqueó el paso hasta la llegada de agentes policiales al lugar.

En conferencia de prensa, Fernández explicó que el objetivo de la visita era respaldar a la tribu que habita el sector mediante la coordinación de brigadas médicas y el acompañamiento en temas territoriales. No obstante, relató que comenzaron a ser perseguidos por personas en motocicletas.

“Nos salió un grupo de personas, entre ellas algunas con el rostro cubierto, en un tono absolutamente violento. Nos abrieron la puerta, nos sacaron del vehículo y se dirigieron hacia mí de manera amenazante, diciendo que hoy no iba a salir”, manifestó.

Fernández identificó como principal responsable de la agresión a Jaime Matute, quien inicialmente ocultaba su rostro, pero posteriormente se descubrió. Según su relato, el presunto cabecilla los mantuvo retenidos en medio de un ambiente de alta tensión y permaneció durante todo el incidente realizando llamadas telefónicas, asegurando que recibía instrucciones.

“El señor Matute se mantuvo en permanente comunicación por teléfono diciendo que estaba recibiendo indicaciones. Me preocupa porque hoy vi publicaciones donde algunas de las personas con las que se comunicaba serían cercanas al actual gobierno, incluyendo personas vinculadas a instituciones de derechos humanos”, denunció.

En ese sentido, cuestionó la postura del gobierno de Nasry Asfura y expresó preocupación por un supuesto respaldo a grupos violentos. “Nos preocupa de verdad que esta administración apoye a estos grupos y que tengan vía directa para comunicarse con ellos”, declaró, al considerar alarmante cualquier protección a estructuras vinculadas al crimen organizado.

Asimismo, añadió que “este grupo violento ahora mismo está siendo conducido por miembros de la Policía hacia la ciudad de Yoro, no porque los estén investigando, sino en un acto de protección para ellos”.

Fernández también contextualizó la agresión dentro de una división interna en la comunidad y señaló a empresas madereras y mineras como responsables de fomentar la violencia en la región durante décadas. Recordó, además, que el Ministerio Público ya presentó requerimientos fiscales relacionados con estos hechos.

Por su parte, la doctora Ramos lamentó que la intención de brindar asistencia médica a la población se viera frustrada por la presencia de sectores violentos dentro de la propia comunidad, los cuales —afirmó— obstaculizan cualquier tipo de ayuda humanitaria.