Expertas en derechos de la mujer condenan la negativa de aprobar leyes que castiguen la violencia política contra mujeres, ejemplificando que figuras como la presidenta Xiomara Castro, han sido objetos de campañas negativas que atacan su dignidad con total impunidad.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Comité de Género para Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) realizaron un conversatorio en la capital de Honduras donde se analizó la preocupante escalada de violencia política contra las mujeres en el país.
Durante el conversatorio, la representante legal del COHEP, Alejandra Banegas, expresó a EL LIBERTADOR que han identificado altos índices de violencia política que están obligando a muchas mujeres a retirarse del rubro por coacción.
“Hemos detectado varios casos, que están haciendo que las mujeres se retiren, no voluntariamente, sino que se retiren por coacción, se retiren porque existen estos casos de difamación, de violencia, de acoso, dentro de este ámbito político”, destacó.
Banegas citó un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que revela que el 80 por ciento de las mujeres que participan en política a nivel mundial han sufrido algún tipo de violencia política, destacando que en América Latina ese porcentaje alcanza el 52 por ciento.
La abogada también hizo un llamado a los medios de comunicación a que asuman su rol dentro del sistema democrático, señalando que muchas veces se minimiza la violencia por no presentar señales físicas.
“Estamos muy acostumbrados a pensar que, si no hay golpes o cicatrices, no hay violencia. Pero hay violencia simbólica, psicológica, de acoso, violencia política contra las mujeres que no se visibiliza y que limita la competencia en igualdad de condiciones”, enfatizó.
Asimismo, recordó que en el Congreso Nacional ya se han presentado en dos ocasiones iniciativas de ley para erradicar la violencia política contra las mujeres, pero estas no han sido aprobadas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), por su parte, solo ha elaborado un protocolo sin fuerza vinculante: “Es urgente aprobar una ley que sancione concretamente estos casos. Con elecciones en noviembre, se necesita garantizar medidas de protección para las candidatas”, subrayó.
Por su parte, la especialista en temas de género del PNUD, Lubis Corrales, explicó que la violencia política en Honduras tiene raíces profundas y se manifestó con fuerza durante las elecciones de 2021, como documentó la Organización de Estados Americanos (OEA), que identificó un discurso marcado por el odio.
“La violencia política es de manera sutil. Existe, como la violencia física, la violencia simbólica, la violencia psicológica, que lo vemos que con una palabra que denigra a la persona ya se está convirtiendo en violencia política, como decir que debería estar en su casa en vez de estar optando a cargos públicos”, expresó.
La especialista también señaló que la presidenta Xiomara Castro ha sido blanco constante de violencia política desde que asumió el poder: “Muchas veces se le ha ridiculizado con estereotipos de género, de que ella no es la que manda, que la que manda es el presidente Manuel Zelaya, que fue puesta nada más, que no nos representa; con todos esos tipos de sesgos, de estereotipos se está ejerciendo lo que es la violencia política”.
Sin embargo, destacó que la comunidad internacional exalta el trabajo de la presidenta Castro y reconoce su trabajo como la primera mandataria en la historia de Honduras.
Corrales denunció —además— que muchas candidatas son blanco de burlas, incluso a través de caricaturas que alimentan una narrativa machista.
“Normalmente, cuando están optando a cargos públicos, cargos a las presidencias, les sacan esas caricaturas para atraer más a las personas, pero en realidad son caricaturas que ridiculizan la imagen de la persona, desacreditándola, ridiculizándola”, indicó.
Asimismo, la experta señaló que la negativa de aprobar una ley contra la violencia política responde a estructuras patriarcales arraigadas en la política y en la sociedad.
“Por eso queremos la representación de más mujeres en el Congreso Nacional para que puedan optar y tomar decisiones al momento de aprobar una ley. Hay un poco porcentaje de mujeres en el Congreso, incluso la población no vota por ellas porque dicen: ‘Ella no va a ir a ejercer un cargo, solo va a figurar como una persona bonita’», concluyó.
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