El CESPAD presentó un balance crítico sobre los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura, señalando preocupaciones por el aumento de la violencia, el manejo del presupuesto estatal, la crisis sanitaria, la falta de una estrategia anticorrupción y el debilitamiento institucional en Honduras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El gobierno de Nasry Asfura cumplió 100 días al frente de la administración del Estado. Tras haber sido declarado ganador en unas elecciones cuestionadas por presuntos delitos electorales y señalamientos de fraude, la gestión del nacionalista ha estado marcada por críticas, controversias y decisiones que han generado debate público.
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó un balance crítico sobre los primeros 100 días del gobierno Asfura, señalando que las acciones impulsadas por la nueva administración no representan cambios estructurales y, por el contrario, profundizan problemas históricos en el país.
Titulado “A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas del CESPAD”, el informe detalla que el actual modelo de gestión mantiene prácticas que favorecen la desigualdad, la concentración del poder y el debilitamiento institucional en distintas áreas del Estado.
Una de las advertencias se enfoca en una agenda anticorrupción “sin ruta estratégica”, acompañada de una recentralización del control estatal en la Procuraduría General de la República y mecanismos que, a criterio de la organización, reactivan prácticas clientelares dentro de la administración pública.
Sobre derechos de las mujeres, el CESPAD alertó sobre el incremento de los femicidios y la persistencia de distintas formas de violencia de género en el país, señalando que la respuesta estatal continúa siendo reactiva y sin estrategias preventivas sostenidas.
En materia ambiental, el CESPAD cuestionó la agilización de licencias para proyectos extractivos mediante una “ventanilla única”, señalando que estas decisiones excluyen procesos de consulta comunitaria y aumentan los conflictos territoriales en sectores rurales y comunidades campesinas.
Análisis del presupuesto
Un punto crítico del análisis se dirige al Presupuesto General 2026. Según el CESPAD, el plan financiero mantiene una estructura orientada al pago de la deuda pública, rubro que absorbería el 25 por ciento de los recursos estatales, con un monto destinado de 66,607 millones de lempiras, más del doble —por ejemplo— que lo destinado a la salud pública.
De acuerdo con lo expuesto, el gasto en defensa y seguridad también registra un incremento superior a los 3,354 millones de lempiras, alcanzando un presupuesto de 25,706 millones. El informe advierte que las Fuerzas Armadas continúan ampliando su influencia dentro de la gestión pública.
Aunque educación y salud reflejan aumentos presupuestarios, el CESPAD asegura que ambos sectores permanecen rezagados frente a estándares internacionales establecidos por organismos como la UNESCO y la OMS. Asimismo, cuestionó la continuidad de políticas asistencialistas sin reformas estructurales orientadas a reducir la desigualdad social.
El documento también señala que el presupuesto fortalece un modelo económico basado en el agronegocio y actividades extractivas, favoreciendo —según la organización— a sectores vinculados al gran capital nacional y transnacional, mientras se reducen programas dirigidos a comunidades rurales y poblaciones vulnerables.
Demanda y expectativas
Tras presentar sus observaciones sobre el presupuesto y las principales áreas de gobierno, el director del CESPAD, Gustavo Irías, señaló en entrevista con EL LIBERTADOR que la organización espera cambios concretos en la estrategia estatal durante los próximos meses, especialmente en temas de corrupción, salud y conflictividad social.
Irías afirmó que una de las principales demandas del CESPAD es la construcción de una estrategia anticorrupción orientada al desmontaje de las estructuras de macrocorrupción que, según indicó, se han consolidado en Honduras durante las últimas dos décadas y continúan debilitando la institucionalidad pública.
También manifestó preocupación por el manejo de los conflictos agrarios y territoriales, advirtiendo señales de una respuesta represiva por parte del Estado. En ese sentido, planteó que el gobierno debe impulsar mecanismos de solución pacífica y democrática frente a las demandas de comunidades campesinas y del pueblo garífuna.
De acuerdo con Irías, parte de estos conflictos tienen origen en reclamos históricos relacionados con tierras de la reforma agraria y derechos ancestrales respaldados incluso por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que insistió en la necesidad de un abordaje institucional y no coercitivo.
Sobre el sistema sanitario, el director del CESPAD consideró necesario que el presidente Nasry Asfura delegue la conducción directa del sector salud a un funcionario especializado, con capacidad de responder a la crisis hospitalaria, la mora quirúrgica y la falta de insumos denunciada por la ciudadanía.
A inicios del mandato, el presidente informó que él estaría a cargo de la Secretaría, lo que despertó críticas y alarmas.
Sin planificación
El reconocido economista, Ismael Zepeda, también se refirió a los primeros 100 días de gobierno, los que calificó de estar marcados por “improvisación” e “ineficiencia”, atribuidas en parte al desconocimiento sobre la situación real de las finanzas públicas, proyectos estatales y programas heredados por la nueva administración.
Zepeda sostuvo además que la crisis en Medio Oriente agravó el panorama económico nacional al provocar incrementos en los precios de los combustibles, el transporte marítimo y la logística internacional, impactos que posteriormente se trasladaron al costo de los bienes y servicios de la canasta básica.
A criterio del analista, las medidas impulsadas por el gobierno para contener la inflación han sido insuficientes. Según indicó, tanto la política monetaria como los subsidios aplicados desde el ámbito fiscal no han logrado frenar el deterioro económico que afecta a la población hondureña.
El economista también cuestionó que durante la discusión del Presupuesto General no se impulsaran medidas temporales como la eliminación del impuesto a los combustibles o una revisión más profunda de los subsidios estatales, señalando que actualmente predominan políticas “fraccionadas” y sin una estrategia integral.
Asimismo, planteó que el Congreso Nacional debería promover mecanismos para fortalecer las reservas de combustibles y revisar la cadena de valor del sector energético, incluyendo los márgenes de ganancia de las empresas importadoras y distribuidoras, ante el impacto económico que enfrenta la ciudadanía.
De esta manera, analistas coinciden en que los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura han estado marcados por cuestionamientos económicos, sociales e institucionales, y consideran que la administración deberá enfocarse en combatir la corrupción, atender la crisis sanitaria y contener el impacto del alto costo de vida.
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