“El Colegio Médico de Honduras no esperará hasta el mes de junio para reaccionar”, advirtió el gremio en un comunicado donde denunció incumplimientos del gobierno, atrasos salariales, despidos y decisiones cuestionadas que mantienen en conflicto al sector sanitario nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció un nuevo incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno, tras varias semanas de asambleas informativas y protestas realizadas por el gremio ante decisiones consideradas perjudiciales para el sistema sanitario nacional.
Las acciones del gremio médico surgieron luego de conflictos relacionados con despidos de personal y atrasos salariales. Además, el CMH ha sido una voz crítica a medidas impulsadas desde el Ejecutivo, entre ellas el retorno del fideicomiso en Salud y la aprobación de la Ley de Emergencia.
En un oficio remitido a Casa Presidencial y a la Secretaría de Salud, el Colegio Médico expresó su “profunda preocupación ante el reiterado incumplimiento de acuerdos”, particularmente en asuntos relacionados con estabilidad y derechos laborales de los médicos hondureños.
El comunicado detalla que más de 600 médicos continúan afectados por atrasos salariales, situación que el gremio calificó como “insostenible”, debido al impacto económico generado sobre profesionales de la salud y sus respectivas familias en diferentes regiones del país.
Asimismo, denunció que varios nombramientos previamente revisados y aprobados “no han sido formalizados”, generando incertidumbre laboral, además de reportarse “traslados injustificados” y denuncias sobre “trato laboral inadecuado” en centros asistenciales públicos.
La organización también alertó sobre una posible reprogramación de despidos previstos inicialmente para marzo y abril de 2026, trasladados ahora a junio. El gremio consideró preocupante la medida en medio de la crisis estructural del sistema sanitario hondureño.
Finalmente, el Colegio Médico solicitó al gobierno resolver los conflictos pendientes en un plazo máximo de dos semanas y advirtió que “no esperará hasta el mes de junio para reaccionar” ante acciones que vulneren derechos laborales y profesionales.
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