El veterano jurista y profesor universitario de Derecho Constitucional, Fernando Anduray, ha dado con argumentos la razón absoluta al fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ayer declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), creadas por el gobernante Juan Hernández, ahora juzgado y condenado a 45 años por narcotráfico y crímenes conexos en EE.UU.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El viernes 20 de septiembre de 2024, queda como “día histórico” en la memoria de la Nación hondureña; la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia mostró valentía y honor ante el chantaje de Estados Unidos que días antes los amenazó con quitarles la visa y, a la hora de la decisión final, colocaron por encima la defensa de la Constitución de la República: Resolvieron anular toda legislación inconstitucional que permitía vender en pedazos el territorio hondureño a través de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Luego de pasar siete horas deliberando la razón jurídica para liquidar la monstruosidad constitucional creada por el gobierno nacionalista de Juan Hernández, la presidenta del máximo tribunal de justicia, Rebeca Ráquel Obando, escribió: “Hoy y en este mes de la patria, celebramos un avance importante en la defensa de nuestro Estado de derecho y la soberanía nacional con la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”.
“Este Poder Judicial reitera su compromiso de velar por el respeto a la Constitución y las leyes, asegurando que cualquier iniciativa de desarrollo económico o inversión esté alineada con los principios fundamentales que rigen nuestra democracia y protegen los derechos de todos los ciudadanos. Las ZEDE, en su implementación, suscitaron preocupación sobre la capacidad del Estado para ejercer plenamente su autoridad en determinadas zonas del país, así como sobre el equilibrio entre la promoción de la inversión y el bienestar de nuestra gente”.
Esos conceptos también los comparte el experimentado maestro de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Fernando Anduray, cuando tiempo atrás criticó que estos regímenes poseían características que los convertían en un «Estado dentro de otro Estado», que sin ninguna duda transgredían la soberanía nacional al montar sus propios órganos de justicia y sistemas de tributación, y de manera insólita, los impuestos del Estado de Honduras, quedarían en control y en los bolsillos de los empresarios de las ZEDE.
El abogado Anduray, también dirigente del Partido Nacional, siempre trató con ironía las ZEDE, aunque finalmente las instaló su propio gobierno, pero eso no impidió que cierta vez declarara con burla que ese proyecto era una manera de decirle a los extranjeros: “Vengan, hagan lo que quieran. ¿Quieren empleados? Nosotros se los damos y les pagan lo que ustedes quieran. De eso se trata el proyecto».
Y esos inversionistas tendrían hasta “presidentito” –reflexiona con sarcasmo el político nacionalista—: «Una de las garantías absolutas que se les ofrecía a los empresarios interesados en invertir en Ciudades Modelos [primer nombre de las ZEDE] era que no estarían regidos por el ordenamiento jurídico nacional y tendrían condiciones de seguridad absoluta. Es decir, contarían con su propia policía, sus propias fuerzas armadas y un Congreso Nacional propio, denominado en la ley del estatuto constitucional como Consejo Normativo, además de un gobernador ejecutivo, que sería el ‘presidentito’ de esa zona».
Anduray criticó que las ZEDE: «Eran una oferta que Honduras le hace al mundo: ‘Aquí tenemos un territorio que no será gobernado por Honduras. Hagan lo que quieran, vengan a invertir, monten su gobierno, construyan sus casas, arrienden el territorio, nadie irá en su contra. ¿Ricos del mundo, quieren hacerse más ricos? Vengan a Honduras, inviertan aquí y no se preocupen. ¿Quieren empleados? Nosotros se los podemos proporcionar y ustedes les pagan lo que quieran?’. De eso se trata el proyecto».
Por todo esto, la presidenta de la Corte Suprema, sentencia: “La derogación de este marco nos brinda una oportunidad para replantear estrategias de desarrollo que beneficien de manera equitativa a la población, respeten nuestras instituciones y fomenten la transparencia. Estamos comprometidos en garantizar que todos los actos y normativas futuras respeten el principio de legalidad y contribuyan al crecimiento sostenible del país, siempre en armonía con los derechos fundamentales de nuestra nación y su pueblo”.
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