“SI INJERENCIA PERSISTE, ESTADO TIENE SOBERANÍA DE DENUNCIAR CUALQUIER TRATADO”

El Gobierno ordenó “denunciar” el acuerdo de extradiciones con EE.UU. ante las constantes “injerencias” de su embajadora, Laura Dogu. En ese sentido, el experto en temas jurídicos, David Díaz, opinó que el mecanismo de extradición es una herramienta útil al Estado, pero si continúan “teniendo injerencias en nuestro país, considero que es un derecho soberano por parte del Estado denunciarlo”.

Y ante la posible narrativa de la oposición de asegurar que es propósito del oficialismo eliminar la extradición para favorecerse, el jurista detalló que la impartición de justicia debe ser “independientemente del color político”, sin embargo, no se debe levantar narrativas en base a rumores, sino en hechos comprobables. 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Un sector ha catalogado de polémica la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos como respuesta a las “injerencias” de la embajadora estadounidense, Laura Dogu. Sin embargo, expertos también añaden que es una decisión “soberana lógica” ante las constantes presiones del país norteamericano por tener gobernabilidad en suelo nacional.

Sectores en oposición respondieron a la decisión de la mandataria como una excusa para eliminar la extradición, supuestamente buscando salvaguardar a personalidades del Gobierno. A criterio del abogado, experto en derecho internacional, David Díaz, es preciso mantener mecanismos como la extradición, sin embargo, el Estado posee la soberanía para denunciar cualquier tratado si se considera que se está violando su independencia. 

“Si van a estar interviniendo y teniendo injerencias en nuestra justicia y en nuestro país, yo considero que es un derecho soberano por parte del Estado de Honduras denunciarlo. Pero sí dejando claro que es necesario que siempre haya ese tipo de instrumentos internacionales para la consecución de la justicia”, detalló. 

Asimismo aclaró que la justicia no debe tener colores políticos y, ante los rumores y menciones de la oposición que resalta que irrupción de la extradición es una forma de blindaje para algunas personalidades, resaltó que la decisión responde a un asunto jurídico internacional y político, y ante esto, no podría darle otra explicación ya que se basan en rumores y no en hechos comprobados, pero que si llegan a probarse, la justicia debe actuar imparcial. 

«Injerencias e hipocresía» 

El togado también cuestionó la postura de las autoridades estadounidenses –a través de su embajadora–. Primero denunció la hipocresía con que se denuncia a personalidades que no se alinean a sus intereses, cuando sus principales representantes políticos avalaron las conductas del exgobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, hoy preso por narcotráfico.

“Lo extraño es que anteriores embajadores y hasta presidentes de los Estados Unidos de América se sentaron junto a un presidente que hoy está preso, convicto, en EE.UU. por el delito de narcotráfico y que aparte de eso, también cometió delitos en contrato del Estado de Honduras y del pueblo hondureño involucrando al narcotráfico, la venta de drogas dentro del país y con el asunto de los fraudes electorales (2013 y 2017)”, desglosó. 

La reacción de Dogu fue por la reunión entre funcionarios del actual Gobierno en materia de defensa –incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández– y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en el marco de un evento deportivo militar, personalidad que la diplomática estadounidense catalogó de narcotraficante. 

“En primer lugar debemos considerar que la representación oficial por parte de la República de Honduras a la República Bolivariana de Venezuela se cumple dentro del marco de unos ejercicios que estaban pues, organizaciones dentro de la institucionalidad de las fuerzas armadas, tengo entendido. Eso es común entre dos naciones que tienen obviamente relaciones diplomáticas y más la cercanía con un país hermano de Latinoamérica”, extendió el experto en jurisdicción internacional. 

Aún no se aclara si la denuncia al tratado de extradición podría marcar su final o tendrá otro tipo de solución; sin embargo, Díaz añadió que “desde el punto de vista funcional como ciudadano hondureño, estoy de acuerdo en que haya un tratado de extradición por si la justicia hondureña no puede castigar, por el enorme poder fáctico que tienen los delincuentes organizados”, y concluyó diciendo que el “país tiene el derecho soberano de denunciar los tratados internacionales que cree que le puedan afectar”.