Tras reunirse con el Comité de Defensa del Territorio de Islas de la Bahía, la representante de ONU en Honduras, Alice Shackelford, reiteró el llamado de éste organismo para revisar la ley que permite las ZEDES en el país, exigiendo que se respete la soberanía y los derechos humanos de los pobladores afectados por “Próspera”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice H. Shackelford, pidió a los impulsadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), respetar la soberanía del país y revisar los lineamientos constitucionales que han permitido los proyectos sin respetar los derechos humanos ni la consulta con los pueblos.
La diplomática se reunió recientemente con integrantes de la Mesa para la Defensa del Territorio de Islas de la Bahía y el alcalde de Roatán, Jerry Dave Hynds y posteriormente con directivos de la ZEDE “Próspera”, ubicado en la comunidad de Crawfish Rock.
La visita ocurrió poco después del pronunciamiento de la ONU para que el Estado de Honduras revisara la compatibilidad del marco constitucional y legal de las ZEDE, tomando en cuenta las obligaciones internacionales de “respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible”.
Durante la reunión con Shackelford, el diputado del Partido Liberal, Ron McNab, señaló que “ha habido violaciones a los derechos de los habitantes de Crawfish Rock, estamos preocupados con ésta situación con ZEDE Próspera por prestarse a violaciones no solo de derechos adquiridos, sino también humanos”.
Además, lamentó que aunque se ha luchado constantemente en contra de las “ciudades privadas”, en el Congreso Nacional hay un ambiente favorable para el “partido en el poder”.
Asimismo los líderes comunitarios manifestaron que viven en incertidumbre, pues en cualquier momento pueden ser desalojarlos “por ley”, después de toda una vida establecidos en ese sector.
Habitantes, movimientos sociales y autoridades locales han dicho que esperan que la ONU, como entidad de peso internacional, intervenga para que el Gobierno de Juan Hernández revierta la aprobación ilegal de las ZEDE.
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