El abogado Omar Menjivar, que formó parte del equipo legal que asistió a los defensores del Río Guapinol, ha recordado el calvario de los activistas sociales por defender los recursos naturales, tratados como criminales de alto peligro y siendo una escena que se repite hoy contra activistas del pueblo garífuna, trato que nunca se le dio al dictador Juan Hernández en su arresto por narcotráfico en 2022.
Para Menjivar, la justicia hondureña no es solo selectiva, también clasista y se ensaña con quienes defienden los derechos de los pueblos; “nada de lo anterior es siquiera imaginable con respecto al ‘Lord del Narcotráfico’”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La comunidad garífuna de Honduras afronta una crítica situación frente a un Sistema de Justicia indiferente y parcializado hacia sectores de poder fáctico; ante este escenario, el abogado penalista, Omar Menjivar, ha recordado que la obscuridad judicial que hoy se cierne sobre defensores de la tierra, no es un caso aislado y, a todas luces, recuerda la lucha de Guapinol.
En el marco de la defensa garífuna frente a su posición contra la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras o simplemente Ley Agroindustrial, usada para ejecutar un desalojo violento en la comunidad de San Juan, Tela (Atlántida, litoral caribe hondureño), que repercutió en el arresto de cinco activistas sociales.
Los representantes del pueblo garífuna, Deinor Mejía Arzú (presidente del Comité de Defensa de Tierra de San Juan), Irbin López Cortés, Carlos Fernández Guzmán, Onil Hernández Zelaya y Zara Acosta Acosta, fueron detenidos bajo el cargo de “usurpación de tierras”, figura incluida en la Ley Agrondistrial.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y defensores de derechos humanos han denunciado que este conflicto responde a intereses empresariales y agrícolas sobre tierras ancestrales, a pesar que la comunidad cuenta con una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
OFRANEH EXIGE LIBERTAD PARA CINCO DEFENSORES GARÍFUNAS DE SAN JUAN
Tegucigalpa. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se incorporó este lunes a la Jornada Nacional de Protesta convocada por la Alianza Campesina, Indígena y Popular para exigir el cierre definitivo… pic.twitter.com/fGVEhVyZzf
— EL LIBERTADOR Honduras (@ellibertador_hn) July 20, 2026
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Y el abogado Menjivar, recordó que esto no es un caso aislado o algo nuevo en el país, la aplicación “selectiva” de la justicia es de larga data, pues él comprobó acciones que dejaron un mal sabor de boca y mucha indignación cuando formó parte del equipo legal que peleó junto a los defensores del Río Guapinol, ubicado en Tocoa, Colón.
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La crisis en Guapinol comenzó en 2013, cuando el Congreso Nacional –entonces presidido por Juan Hernández–, aprobó el Decreto Legislativo No. 252-2013 que redujo ilegalmente la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos (ahora Carlos Escaleras) para beneficiar proyectos mineros de la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Faccussé.
Producto de la actividad minera a cielo abierto, el Río Guapinol fue contaminado y provocó la mortandad de peces, motivando a la comunidad a realizar acciones de protesta pacífica y el montaje de un campamento para frenar la explotación.
La crisis fue agravada en 2018 cuando los cuerpos de “seguridad” del Estado realizaron un desalojo donde los pobladores de Guapinol, San Pedro y otras comunidades mantenían el campamento de protesta contra las concesiones, siendo acusadas en un principio 31 personas, 13 de ellas fueron trasladadas a un juzgado en Tegucigalpa, aunque solo 12 se presentaron voluntariamente.
Entre presiones y arrestos “preventivos”, siete defensores de Guapinol vivieron un infierno, acusados por incendio agravado, asociación ilícita, robo y privación injusta de la libertad; y esto fue recordado por el abogado Menjivar que describió paso a paso, cuestionando inicialmente cómo el sistema utilizó un juzgado creado contra la criminalidad organizada violenta, “pese a que los delitos atribuidos eran de vagatela”.
“Se les libró orden de captura; no les citó para que comparecieran a una audiencia de imputados. Ante esos hechos anunciamos al juzgado la presentación voluntaria de un primer grupo de los acusados y solicitamos que se suspendiera (ni siquiera que se revocara) la orden de captura”, recalcó.
El también analista condenó que el juzgado señaló audiencia para la presentación voluntaria y celebración de audiencia de imputados, pero no suspendió la orden de captura, sostuvo que permanecerá vigente por si los imputados “no se presentaban”.
Por ello, al llegar al juzgado de San Pedro Sula, fueron esposados y subidos a un camión del Ejército para trasladarlos al despacho de Tegucigalpa, donde no les recibieron su declaración ese día, sino que pasaron la audiencia para el siguiente y, mientras tanto, fueron remitidos a la penitenciaría nacional de Támara.
Además, relató que en la audiencia de imputados permanecieron esposados y encadenados, como si se trató de peligrosos criminales, “hasta que nuestra enérgica protesta hizo mella en el juez y este ordenó retirar las ataduras”.
“Después de la audiencia a la que se presentaron voluntariamente y por iniciativa propia (con lo cual se descartaba el peligro de fuga), se les impuso detención judicial, aunque finalmente en audiencia inicial se les dictó sobreseimiento definitivo”, recalcó.
Pero después –apuntó– un segundo grupo fue presentado igualmente de manera voluntaria y no solo terminaron con prisión preventiva, sino que fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, ubicada en el departamento de El Paraíso.
Los defensores de Guapinol: José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Avelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Elmer Alexander (Ever) Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, afrontaron un sistema no pensado para la justicia hasta que fueron puestos en libertad total en 2025.
Pero el sobreseimiento definitivo fue emitido por el Juzgado de Letras de Tocoa el 22 de octubre de 2022 a raíz de una resolución en fecha 3 de junio de 2022, que trata un recurso de amparo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de estos defensores de derechos humanos.
El fiscal Héctor Daniel Velásquez (asignado a Tocoa), apeló esa decisión en diciembre de ese año y retrasó la felicidad de los defensores de Guapinol, acción que le orilló a una investigación ordenada por el entonces Fiscal General, Johel Zelaya en 2024; lo propio hizo la expresidenta de la CSJ, Rebeca Obando, quien encargó investigar a los jueces que modificaron la libertad de los activistas sociales.
Para Menjivar, todo este contexto conlleva una relación de contrastes, pues cuestionó que el Poder Judicial que es duro con los defensores de los ríos, bosques y montañas, tuvo un trato “especial” con Juan Hernández en su caso por narcotráfico, que valió su extradición en 2022 y juicio en 2024, hallado culpable e indultado recientemente por Donald Trump.
“Por supuesto, nada de lo anterior es siquiera imaginable con respecto al ‘Lord del Narcotráfico’”, condenó el abogado Menjivar.
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