GARÍFUNAS INSTALAN CAMPAMENTO INDEFINIDO Y EXIGEN LIBERACIÓN DE CINCO DEFENSORES DE SAN JUAN

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) instaló un campamento indefinido en la carretera CA-13, en Tela, Atlántida, para exigir la liberación de cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, procesados tras un desalojo.

La organización denuncia que el caso constituye una persecución judicial contra defensores del territorio ancestral y reclama la derogación de la Ley Agroindustrial al considerar que vulnera los derechos del pueblo garífuna: “Alto al genocidio cultural contra el pueblo garífuna… no somos invasores de nuestros propios territorios ancestrales”.

Redacción Central / EL LIBERTADOR 

Tegucigalpa. Tras una protesta de comunidades garífunas en la carretera CA-13, a la altura del municipio de Tela, Atlántida, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, exigió la liberación inmediata de cinco integrantes del movimiento garífuna de la comunidad de San Juan, quienes enfrentan un proceso judicial tras un desalojo ejecutado por las autoridades.

Los acusados son Deinor Osmany Mejía, Irbin René López, Carlos Enrique Guzmán, Onil Hernández y Zara Abigail Acosta Acosta; según Miranda, el Ministerio Público (MP) presentó el pasado 6 de julio un requerimiento fiscal en su contra, fundamentado en el Decreto 107-2026, Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.

“Este requerimiento fiscal nunca debió ser admitido, ya que el Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar y proteger el territorio ancestral de la comunidad garífuna de San Juan, conforme a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IHD)”, explicó la líder.

Asimismo, denunció que el juez que conoció inicialmente la causa se declaró incompetente y remitió el expediente a los juzgados de San Pedro Sula, una decisión que calificó como un abuso de autoridad y un acto de prevaricación judicial.

“Basándose en el absurdo, abusivo y racista argumento de que la comunidad garífuna de San Juan constituye una organización de crimen organizado”, denunció.

Explicó que la defensa presentó un escrito solicitando la inaplicabilidad del Decreto 107-2026 y el cierre definitivo del proceso penal: “exigiendo que el Poder Judicial, que corrija estos abusos, garantice el respeto a los derechos humanos y emite una resolución ordenando el cierre definitivo del proceso”.

Además, hizo un llamado al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, para que designe de inmediato a un juez imparcial que garantice un proceso independiente y respetuoso de los derechos humanos.

“De no hacerlo, responsabilizamos al Poder Judicial, por las consecuencias derivadas de la falta de aplicación de justicia y por la utilización del sistema judicial como un mecanismo de persecución contra quienes defienden los territorios ancestrales del pueblo garífuna”, añadió. 

Durante la protesta, Miranda reiteró su exigencia de libertad definitiva para los cinco imputados, que se detenga el genocidio cultural contra el pueblo garífuna y la: “derogación inmediata de la ley Agroindustrial”.

Y concluyó: “Estamos instalando un campamento indefinido aquí hasta que nos respondan positivamente a nuestra exigencia. Así que pedimos que traigan comida, traigan los peroles, traigan leña, traigan todo lo que tengan para que nos instalemos compañeros y compañeras”.