Las redes de corrupción público-privadas al servicio de algunos grupos económicos conspiraron contra el bienestar de la población hondureña concediendo el privilegio de no pagar impuestos a una minoría que concentró y acumuló capital por la vía de la defraudación fiscal y las exoneraciones abusivas.

Edgardo Jamil Velásquez Mejía*
EL LIBERTADOR
redaccion@ellibertador.hn

Honduras avanza hacia una reforma estatal. El proyecto refundacional del nuevo gobierno encabezado por la presidenta Xiomara Castro, busca establecer orden con la reestructuración de las políticas económica y monetaria y una reforma profunda a la política fiscal. Para encaminar esta reforma fiscal, que busca estrechar la brecha de la desigualdad y promover el desarrollo integral y sustentable, es necesario aprobar la nueva Ley de Justicia Tributaria, sustentada en el principio de que no puede haber justicia social sin justicia tributaria.

La estructura tributaria heredada por 12 años de tres gobiernos anteriores al servicio de las élites es memoria viva de un despojo. Las redes de corrupción público-privadas al servicio de algunos grupos económicos conspiraron contra el bienestar de la población hondureña concediendo el privilegio de no pagar impuestos a una minoría que concentró y acumuló capital por la vía de la defraudación fiscal y las exoneraciones abusivas.

Según la exposición de motivos del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, el monto de los impuestos exonerados en estos 12 años superó el total de la deuda pública actual (€ 15,600 millones). Asimismo, la defraudación fiscal operada a través de redes de corrupción público-privadas fue resguardada por la negligencia del sistema judicial y la falta de control de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, con el ascenso de la presidenta Xiomara Castro se marca un hito histórico porque además de ser la primera mujer presidenta en nuestro país, también encabeza un gobierno progresista, encarnando el tan anhelado deseo de cambio que la población hondureña por años ha exigido en todos los espacios sociales y políticos, que entre otras cosas ha demandado una lucha contra la corrupción, el cese a la impunidad y la promoción de la transparencia.

A 16 meses de gobierno, los retos encontrados en el camino son enormes, sobretodo tomando en cuenta que la situación heredada es compleja y desafiante, pero han bastado estos meses de gobierno para encaminar a Honduras por un rumbo distinto donde la transparencia, la equidad y el combate a la corrupción son los pilares fundamentales para la reingeniería del estado en general y de su política fiscal en particular, tomando esta última como catalizador para provocar una deseada justicia social.

Si bien es cierto que el primer año de gobierno ha servido para empezar a limpiar la casa para luego ordenarla, se han experimentado grandes avances en materia de las políticas económica, fiscal y monetaria. A pesar de las circunstancias complejas que vive el mundo por la Guerra en Ucrania y la inflación de precios a nivel global, el gobierno en su primer año administrando el estado, fue capaz de controlar el valor del cambio de la moneda nacional (el Lempira), contener la inflación que cerró en 2022 con cifras del 9%, cumplir todos los compromisos de deuda del Estado y cancelar los fideicomisos, que habían corroído la estructura fiscal, provocando que ahora los impuestos ingresen íntegramente a la caja única del estado.

También se mejoró la confianza para invertir en el país, abriendo las puertas a la inversión nacional y extranjera. Las cifras al cierre del primer año de administración fueron favorables: el crédito al sector privado se incrementó en un 16.5% y los flujos de inversión extranjera directa crecieron un 11.4% con respecto al año anterior. Además, la banca privada reportó utilidades de 335 millones de euros, las mayores en la historia.

Las condiciones que se están creando a través de reformas estructurales a las políticas de estado, la derogación de leyes nocivas para el Estado de Derecho como la Ley de Secretos y el Decreto de las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) que atentaban contra la democracia y la soberanía del país, así como la socialización y futura promulgación de la Ley de Justicia Tributaria, buscan promover a Honduras como un lugar seguro para invertir y competir en igualdad de condiciones.

La Ley de Justicia Tributaria busca entre otras cosas:
• Eliminar los regímenes abusivos de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias.
• Crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
• Brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente.
• Establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas.
• Cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales.
• Eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario y permitir el intercambio de información con el resto de países del mundo
• Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal.
• Aprobar la figura de Beneficiario Final para evitar que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad.

El gobierno de Honduras reconoce que la inversión extranjera es fundamental para la producción de riqueza y el desarrollo económico del país. Sin embargo, el actual marco jurídico y las reglas del juego vigentes no han tenido resultados favorables para el desarrollo de la economía del país ni para la atracción de inversión. De hecho, la inversión público-privada como porcentaje del PIB se redujo a la mitad entre 2009 y 2021.
Con esto queda en evidencia que no son las exoneraciones abusivas las que atraen capital extranjero a nuestro país, sino la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones. Por eso se propone una Ley de Justicia Tributaria para ordenar y fortalecer el Estado, para que pueda dar servicios eficientes a todos los ciudadanos y por ende brindar las condiciones para satisfacer las necesidades de empresas nacionales y extranjeras, pequeñas, medianas y grandes, de manera justa y equitativa.

El gobierno también tiene la voluntad política para ejecutar las reformas sistemáticas que se requieren para hacer frente al gran reto de reconstruir el Estado desde sus cimientos. A pesar de nuestro pasado turbulento, los desafíos que se han heredado significan ahora una oportunidad para llevar a cabo reestructuraciones profundas pero igualmente necesarias para que nuestro país salga a flote. Queremos que el mundo sepa que en Honduras si es posible construir un sistema fiscal equitativo, justo, con controles y sin abusos. Nuestro país abre las puertas a toda empresa que quiera invertir en nuestro suelo con prácticas éticas, respetando el marco jurídico con normas claras que garanticen el orden y la justicia para todos los actores que convergen en nuestra sociedad.

*Tercer Secretario, Embajada de Honduras en España