Frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) instaló el “Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna” para exigir que se termine la política de criminalización contra defensores de la comunidad de San Juan, cuyos integrantes enfrentan un proceso penal relacionado con la disputa por su territorio ancestral.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) anunció la instalación del “Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna”, frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la capital, como medida de resistencia ante lo que considera falta de respuesta del Estado a las acciones legales emprendidas para proteger el territorio ancestral de la comunidad Garífuna de San Juan.
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“Hemos instalado un Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna en Tegucigalpa, en el lugar que ocupa el Campamento «Viva Berta», frente a la CSJ, como una acción de resistencia y exigencia ante la falta de respuesta del Estado frente a las múltiples acciones jurídicas presentadas para proteger a cinco integrantes de la comunidad Garífuna de San Juan, Tela”, cita el comunicado oficial.
OFRANEH recordó que el pasado 6 de julio se produjo un desalojo en la comunidad de San Juan, tras el cual fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, quienes posteriormente fueron presentados ante un juez en audiencia de imputados.
“Quien les impuso medidas sustitutivas y fijó audiencia inicial para el 15 de julio. Sin embargo, un día antes de la audiencia, la jueza Norma Fuentes se declaró incompetente y remitió el proceso al Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada de San Pedro Sula, argumentando que los cinco miembros de la comunidad Garífuna formaban parte de una estructura de criminalidad organizada”, denuncia el ente.
Para OFRANEH, esta decisión constituye una forma de criminalización y pone en riesgo la integridad de las personas acusadas: “y de las defensoras y defensores Garífunas”.
La organización sostiene además que el terreno en disputa se encuentra dentro del territorio ancestral de la comunidad de San Juan y que este ha sido reconocido por la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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“El terreno es reclamado por Promociones y Turismo (PROMOTUR), vinculada a la familia Rosenthal Hidalgo, aunque los antecedentes registrales y de posesión ancestral acreditan que este predio formaba parte del territorio de la comunidad y que, desde 1967, era utilizado como trabajadero en dominio útil por la familia Garífuna de don Timoteo Lino”, cita el escrito.
OFRANEH aseguró que ha presentado diversas acciones ante instituciones nacionales e internacionales, entre ellas recursos y denuncias relacionadas con la competencia del juzgado, medidas de protección y control de convencionalidad, así como acciones ante la Corte IDH y la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional.
“Se presentó una Declinatoria por razón de Competencia el 14 de julio; el 15 de julio, se presentó Excepción por Falta de Acción, también una queja formal y solicitud de alerta temprana y medidas urgentes de protección y Control de Convencionalidad ante el CONADEH, así como medidas de acción urgente ante la Corte IDH y la solicitud de inaplicabilidad de la Ley Agroindustrial”, explicó.
Sin embargo, denunció que el Estado continúa sin responder y que se estarían vulnerando garantías constitucionales y convencionales.
EXIGENCIAS:
- El cierre definitivo e inmediato del proceso penal contra los cinco integrantes de la comunidad Garífuna de San Juan y el cese de su sometimiento a una jurisdicción de criminalidad organizada.
- El respeto y cumplimiento efectivo de la Sentencia de la Corte IDH a favor de la comunidad Garífuna de San Juan y de las demás sentencias que protegen los territorios ancestrales.
- El cese inmediato de la criminalización, persecución y violencia contra las defensoras y defensores del territorio Garífuna.
- La pronta resolución de los recursos de amparo Corte de Apelaciones con Competencia Nacional y demás acciones legales presentadas ante la Sala de lo Constitucional contra la ampliación y aplicación de la nefasta, inconstitucional e inconvencional ‘Ley de los Agroindustriales».
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