Especialistas en el análisis social han discutido esta tarde en la UNAH las implicaciones de que Honduras adopte un modelo de seguridad como el que ejecutó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, advirtiendo que esto implicaría que las autoridades hondureñas pacten con estructuras del crimen organizado: pandillas y narcotráfico.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha sido sede del foro “Mitos y realidades del modelo Bukele”, espacio en el que representantes sociales y académicos analizaron las políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele y sus repercusiones en la región.
El encuentro contó con la participación de la representante del Bloque de Rebeldía Popular, Marisela Ramírez; el economista César Villalona y el sociólogo hondureño Eugenio Sosa.
En su intervención, Ramírez cuestionó que el denominado “plan Bukele” sea presentado como un modelo de seguridad replicable en otros países, ya que existen condiciones particulares detrás de su implementación en El Salvador.
“Hay investigaciones que han recogido testimonios de los cabecillas más importantes de las estructuras criminales de El Salvador que confirman un pacto entre el Gobierno y las dos estructuras criminales más grandes del país. Eso es lo que hay detrás. Por eso tampoco puede replicarse un modelo Bukele, a menos que aquí en Honduras el presidente pacte con los pandilleros y el narcotráfico”, manifestó.
Asimismo, cuestionó el régimen de excepción y sus consecuencias sobre los derechos humanos, al considerar que El Salvador atraviesa una nueva forma de dictadura, marcada por detenciones y muertes bajo custodia estatal.
“Después de 40 años y del pueblo salvadoreño luchar por la paz en nuestro país, lamentablemente hemos regresado a una forma de dictadura todavía más cruel, porque durante el contexto de la guerra uno se daba cuenta, porque mataban a la gente en la calle. Pero en este contexto que los acusan de criminales, los meten presos y aparecen muertos”, lamentó.
Ramírez también aseguró que instancias de derechos humanos han documentado más de 33,000 casos de personas que cuentan con elementos para demostrar que no tienen vínculos con estructuras criminales como les acusó el Gobierno de Bukele.
En ese sentido, denunció que las medidas de seguridad tienen un impacto desproporcionado sobre las comunidades empobrecidas y sectores históricamente marginados.
“Tiene un profundo rasgo de xenofobia porque además no van a ir a capturar al blanquito de la colonia rica, porque la militarización está en los barrios, en las comunidades, en las colonias, con los pobres, con la gente que tiene rasgos más autóctonos. O sea, no van a ir a capturar al hijo de Simán”, expresó.
La activista social sostuvo que, aunque el régimen de excepción fue justificado como una estrategia para combatir las pandillas, los homicidios y las extorsiones, también estaría siendo utilizadas como un mecanismo de persecución contra sectores opositores.
“Resulta ser que esto tiene su trasfondo porque el régimen de excepción se utiliza como un instrumento político para la persecución de las voces opositoras, porque hay una negación de los derechos. De hecho, en El Salvador actualmente tenemos compañeros que son presos políticos, que han sido acusados de pertenecer a organizaciones terroristas”, advirtió.
CUESTIONAN GESTIÓN ECONÓMICA
Por otra parte, el economista César Villalona cuestionó la administración económica del Gobierno salvadoreño porque está en proceso de privatización, falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y posibles conflictos de intereses en las contrataciones estatales.
“Bukele ya anda en eso, está privatizando todo. No hay portal de transparencia que diga en qué gasta y cómo lo ejecuta el Gobierno”, señaló.
Villalona también cuestionó las contrataciones directas y mencionó el caso de una droguería que mantiene negocios de suministro con el Estado salvadoreño.
Además, mencionó que ha estudiado la ejecución presupuestaria y los incentivos fiscales, encontrando que no encontró una justificación de 3,000 millones de dólares y que incluso ha tenido repercusiones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a pesar de tener un acuerdo firmado desde diciembre de 2024 para los próximos 40 meses.
“El Fondo le dice corrupto al Gobierno y no transparente. Y el Gobierno firma y acepta que es corrupto y no transparente”, afirmó.
Finalmente, Villalona advirtió sobre el deterioro de los servicios públicos, las condiciones de pobreza y las dificultades para acceder a una vivienda y que familias enteras han sido desalojadas para dar paso a proyectos de infraestructura que benefician principalmente a sectores empresariales.
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