Trump ha sufrido un golpe de poder. El tema es la visa H-1B destinada para trabajo temporal de extranjeros en Estados Unidos que permite a empresas contratar profesionales calificados, empero, Trump fijó un alto costo que cargó a empleadores hasta este este 8 de junio, al quedar sin efecto con el fallo del juez federal, Leo Sorokin.
El costo de la visa H-1B regresó a la estructura original de las tarifas estándar de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos), que habitualmente alcanza entre 2,000 y 5,000 dólares en total por petición de cada empresa que busca talento en el extranjero.
Redacción Central y agencias / EL LIBERTADOR
Boston. La sentencia del juez federal de distrito, Leo Sorokin, se fundamenta en que la tarifa de 100,000 dólares establecida por Donald Trump sobre la visa H-1B constituye en realidad un impuesto ilegal, porque en la ley estadounidense, el presidente no cuenta con la autorización ni la facultad constitucional del Congreso para imponer impuestos de manera unilateral a través de decretos migratorios.
La visa H-1B, creada para trabajo temporal de extranjeros en Estados Unidos, permite a empresas estadounidenses contratar profesionales altamente calificados en ocupaciones especializadas, en esta categoría laboran alrededor de 800,000 expertos en distintas ciencias que suelen calificar para este visado, entre otras, ingenieros de software, civiles, mecánicos, etc., desarrolladores de tecnología y programadores, arquitectos, contadores y financieros, profesionales de la salud y médicos, científicos e investigadores, profesores y académicos.
La onerosa tarifa (cerca de tres millones en lempiras) que debían pagar las empresas empleadoras estadounidenses estuvo activa por poco más de ocho meses, afectando la planificación laboral de cientos de compañías y sectores productivos que en algunos casos trasladaron oficinas a Canadá para buscar los profesionales que no hallan en su país.
La proclamación presidencial titulada «Restricción a la Entrada de Ciertos Trabajadores No Inmigrantes» fue firmada por Trump el viernes 19 de septiembre de 2025 y entró en vigor de manera casi inmediata a las 12:01 a.m. del 21 de septiembre de 2025. Al respecto, destaca que el magistrado Sorokin, con sede en Boston, Massachusetts, dictó el fallo a partir de una demanda interpuesta por la coalición de 20 fiscales generales estatales liderados por California.
Desde ya, se prevé la reactivación inmediata del mercado laboral estancado en Estados Unidos, porque la mayoría de empleadores no tenían capacidad en sus presupuestos para cancelar 100,000 dólares por cada nueva visa H-1B. El precio de este visado ha regresado a la estructura original de las tarifas estándar del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, siglas inglés), que se sitúa entre 2,000 y 5,000 dólares por petición.
Las reacciones en el sector empresarial son optimistas tras el fallo de Boston, por ejemplo, las compañías especialmente las tecnológicas, consultoras y startups consideraban que el impuesto hacía financieramente imposible la contratación de talento extranjero y la eliminación botó una enorme barrera económica.
Grandes corporaciones multinacionales como Walmart, que había decidido pausar su participación en el programa H-1B tras la orden presidencial ven el camino libre para reanudar sus procesos normales de atracción de talento altamente calificado.
Organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio de EE. UU. —que había demandado formalmente la política— celebran el fallo, argumentando que la tasa restaba competitividad a los Estados Unidos frente a mercados como Canadá, India o China.
A pesar de la fiesta, la Casa Blanca ya anunció que apelará la decisión judicial, ante eso, las empresas mantienen cautela y asesoría legal activa ante la posibilidad de que la administración intente frenar el programa mediante auditorías o investigaciones a través del Departamento de Trabajo.
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