LEY “AGROINDUSTRIAL” CRIMINALIZA LUCHAS POPULARES Y DEFENSA DE TIERRAS

A través de un pronunciamiento público, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), advierte que la “Ley Agroindustrial” –aprobada sin votos necesarios, según la oposición–, prepara un escenario de violencia contra movimientos populares que luchan por la defensa de tierras desde hace décadas.

Según la organización civil, esta ley cierra el camino al diálogo y consolida un modelo que privilegia a sectores económicos frente a los reclamos de las comunidades campesinas.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), ha cuestionado en un pronunciamiento público que el Congreso Nacional (CN), no tomó consideración de las posturas de organizaciones populares al aprobar la “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”, la cual “blinda” tierras y rutas de transporte, acelera desalojos y convierte la protesta social en un delito.

“La ley declara la actividad agroindustrial como de orden público, interés y prioridad nacional, y establece que sus disposiciones tendrán aplicación inmediata y preferente sobre normas administrativas. Esto coloca a un sector económico específico en una posición privilegiada frente a otros intereses públicos, sociales, ambientales y territoriales”, destaca el comunicado.

Según Cespad, de esta forma las tierras productivas se declaran “intocables”, incluso ante procesos como una reforma agraria, una disposición que “puede cerrar rutas institucionales para revisar tierras en conflicto y debilitar los mecanismos de acceso campesino”.

“La ley otorga prioridad absoluta a los trámites del sector agroindustrial, incluyendo licencias ambientales, permisos de operación, registros y autorizaciones de transporte. Además, dispone que, si la autoridad no responde en plazos reducidos, el trámite se entenderá aprobado. Esto debilita la fiscalización pública y puede permitir permisos sin evaluación técnica suficiente”, plantea la organización.

Entre otros puntos, Cespad recrimina que la ley ordena al Ministerio Público, Policía Nacional y demás autoridades actuar de forma inmediata frente a ocupaciones, tomas o bloqueos que afecten directa o indirectamente actividades agroindustriales.

“Además, manda a proceder con los desalojos necesarios cuando no exista resolución judicial definitiva que autorice la posesión campesina. Esta disposición puede acelerar desalojos en territorios de alta conflictividad, sin garantizar mediación, investigación previa, protección comunitaria ni enfoque de derechos humanos”, apunta el texto.

Para la organización es de extrema preocupación que la ampliación de figuras penales como el terrorismo pueda ser instrumentalizada contra acciones de protesta, ocupación, bloqueo o reivindicación territorial.