En la dictadura de Juan Hernández (2014- enero 2022), tener patrullajes militares no solo fue inútil porque más de 30 mil hondureños fueron asesinados, sino que también fue exageradamente caro, cada día –en promedio– se gastó 385,500 lempiras, según la auditoria que realizó EL LIBERTADOR; la militarización de la sociedad resurge ahora, informó el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, a pedido del Poder Ejecutivo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, afirmó que, por órdenes del presidente Nasry Asfura, se contactó con el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, y con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, para abordar el retorno de los militares a las calles, después de haber eliminado el esquema de “estado de excepción” que dio resultados a la administración de Xiomara Castro.
Zambrano recalcó que la Constitución del país deja claro que la intervención militar es una herramienta importante “cuando se declara esta emergencia o cuando lo solicita la Secretaría de Seguridad”.
“Hoy se dejó en el decreto que se instruía a la Secretaría de Seguridad a solicitar el acompañamiento de las Fuerzas Armadas de Honduras; en palabras sencillas, para que el pueblo hondureño lo entienda, es policías y militares en las calles”, agregó.
De acuerdo con Zambrano, la acción del nuevo gobierno se realiza para brindar más “seguridad al pueblo hondureño”, frente a los 898 homicidios documentados este año, con una reducción mínima de 50 casos en comparación con los datos de 2025, y luego de una escalada de violencia registrada el pasado mes de marzo, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL).
Con esta medida, se pone completamente fin a la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), el cual logró una reducción histórica a 23.2 muertes por cada 100,000 habitantes y que logró hitos importantes como sacar a Tegucigalpa y San Pedro Sula, de la lista de ciudades más peligrosas del mundo.
Cabe recordar que, bajo los gobiernos nacionalistas, la campaña militarista emprendida por Juan Orlando Hernández no solo provocó que la sociedad repudiara a la institución castrense, sino que también otorgó a la cúpula militar privilegios políticos y, sobre todo, económicos.
De acuerdo con una auditoría de EL LIBERTADOR, publicada en la edición mensual de enero de 2021, el régimen orlandista entregó a los militares 112,000 millones de lempiras entre 2014 y 2020, dinero utilizado para la compra de equipo empleado en represión social, vehículos de última generación y otros insumos.
Con base en lo anterior, cada día que se mantuvo al Ejército en las calles durante la dictadura le costó a los hondureños 383,500 lempiras, dinero que no logró reducir la incidencia criminal, ya que en el mismo período de gobierno más de 30 mil ciudadanos fueron ejecutados.
Además, esta medida surge en un ambiente económico complejo con eliminación de subsidios clave de soporte a los ingresos de familias y un aumento imparable en los precios de combustibles.
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