Tres voces, desde América Latina, Europa y Honduras, advierten que el Honduras Gate no se reduce a saber si los audios fueron creados con inteligencia artificial: detrás de las grabaciones aparece una trama de injerencia internacional, retorno de las ZEDE, disputa por la soberanía, guerra cognitiva y operaciones políticas contra gobiernos progresistas de la región.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Desde que los audios del llamado Honduras Gate fueron divulgados por la plataforma del mismo nombre, Honduras Gate, y el medio español Diario Red, los actores políticos directa o indirectamente salpicados por su contenido han intentado llevar la discusión hacia una sola pregunta: si las voces fueron generadas con inteligencia artificial. Entre ellos, dirigentes del Partido Nacional y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien pidió que la DEA, el FBI y Estados Unidos analicen las grabaciones.
Pero el contenido de los audios apunta a una trama más amplia que la autenticidad técnica de una voz. En ellos se habla de financiamiento internacional para orquestar operaciones contra gobiernos de América Latina, con menciones específicas a Colombia y México, además de supuestos aportes desde Argentina y la participación de Israel, que habría maniobrado para sacar de prisión al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández.
En el plano local, los audios también describen un impacto directo sobre Honduras con el retorno de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), régimen que fue declarado inconstitucional durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), administración que sectores de derecha calificaron como “comunista” por su cercanía con gobiernos progresistas de la región.
La declaratoria de inconstitucionalidad abrió una disputa millonaria con la ZEDE Próspera, que demandó al Estado hondureño ante el CIADI por alrededor de 11 mil millones de dólares. El gobierno respondió denunciando el tratado, bajo el argumento de que ese mecanismo lesionaba la soberanía nacional.
Pero las grabaciones también exponen elementos que se vivieron en Honduras, como el control de organismos judiciales y electorales. A través de juicio político, el Congreso Nacional que lidera Zambrano destituyó al fiscal general, obligó a la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y removió a cinco funcionarios electorales.
Entre los funcionarios electorales destituidos destaca el consejero electoral Marlon Ochoa, quien además recurrió al exilio tras amenazas a muerte contra su familia. Ochoa, además, fue uno de los que denunció la injerencia de Estados Unidos en las elecciones generales y en los audios se especifica la urgencia para destituirlo para abrir paso, según las denuncias recogidas alrededor del caso, a un eventual proyecto de retorno político de Hernández.
Con todos estos elementos, la investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y analista Dolores Méndez, conocida en redes sociales como Indioyori, puntualiza que la discusión sobre la inteligencia artificial no es inocente ni central. Su planteamiento es que mientras el país discute si la voz atribuida a Juan Orlando Hernández y otros actores es real, los hechos mencionados en esas grabaciones ya estaban ocurriendo o habían sido documentados en archivos públicos.
“Porque mientras discutes si la voz de Juan Orlando es real, lo que dice esa voz ya está pasando y ya estaba documentado en archivos públicos antes de que existieran los audios”, subrayó. Méndez coloca el punto de partida en el exmandatario nacionalista, condenado en Nueva York por narcotráfico y convertido, según su lectura, en una pieza de negociación geopolítica.
En su análisis, el escándalo no comienza con los audios, sino con la ruta pública de decisiones, publicaciones y movimientos políticos alrededor del exmandatario hondureño. La investigadora sostiene que el indulto otorgado por Donald Trump y gestionado por el lobista Roger Stone no puede separarse de los intereses económicos instalados en Honduras, particularmente alrededor de Próspera, el proyecto libertario enclavado en Roatán.
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“(Stone) Dijo que el indulto era para salvar a Próspera, la ciudad libertaria de Peter Thiel y Mark Anderson —empresarios de Silicon Valley— en la isla de Roatán. Lo escribió él, antes de los audios, sin ninguna presión”, sostuvo.
En esa misma línea, Méndez vincula el caso con la intervención directa de Trump en el proceso electoral hondureño, al recordar sus publicaciones públicas en favor de Nasry Asfura y contra Salvador Nasralla y la entonces candidata oficialista, Rixi Moncada. Según su lectura, el respaldo del mandatario estadounidense no fue un gesto aislado, sino parte de una presión política sobre el desenlace electoral en Honduras.
Siguiendo su exposición, uno de los elementos más graves es que los audios habrían anticipado movimientos institucionales que después ocurrieron: destituciones, presiones y reacomodos dentro del aparato judicial y electoral hondureño. En ese punto menciona la salida del fiscal general, la destitución de magistrados electorales y la situación de Ochoa.
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El caso, además, toca una de las fibras más sensibles de la soberanía hondureña: las ZEDE. Méndez recuerda que Próspera demandó a Honduras ante el CIADI por alrededor de 11 mil millones de dólares, una cifra que ella equipara con un tercio del producto interno bruto del país, y sostiene que la reincorporación de Honduras —una de las primeras políticas de Asfura al asumir la Presidencia— a ese mecanismo abre nuevamente la puerta al proyecto de ciudades privadas.
“Las ZEDE vuelven, la soberanía se vende, eso no es teoría. Es la primera medida del nuevo gobierno y por encima de todo esto, la red (de conspiración)”, lamenta la investigadora. Dentro de ese entramado, Méndez menciona al consultor político argentino Fernando Cerimedo, jefe de campaña de Asfura, exasesor de Jair Bolsonaro, Javier Milei y Rodrigo Paz, además de imputado en Brasil en la causa por intento de golpe contra Lula da Silva.
También lo vincula con Brad Parscale, exjefe de campaña de Trump, y con una estructura de cuentas falsas utilizada para operaciones políticas en América Latina. “Las células de desinformación que mencionan los audios para atacar a Petro y Sheinbaum no es un proyecto futuro, existe, está en Buenos Aires y está operando hace un par de años”, añade.
Por eso, Méndez insiste en que la pregunta sobre la inteligencia artificial funciona como una forma de aplazar la discusión de fondo. A su juicio, incluso si mañana se comprobara que uno de los audios fue editado, el cuadro político no cambiaría, porque no descansa únicamente sobre las grabaciones, sino sobre sentencias, publicaciones, demandas, expedientes, decisiones institucionales y actores que ya estaban a la vista.
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La lectura de la investigadora no quedó aislada en el debate latinoamericano. Los audios divulgados por Honduras Gate y Diario Red también fueron retomados en Europa, donde la diputada francesa Clémence Guetté presentó el caso como una denuncia internacional de injerencia política, económica y geopolítica sobre Honduras: “Este asunto, el Honduras Gate, es un escándalo internacional sin precedentes”.
Guetté coloca a Juan Orlando Hernández en el centro de la historia, no solo como exjefe de Estado hondureño, sino como símbolo de una etapa en la que el país fue convertido en plataforma del narcotráfico y de negocios oscuros. Su lectura parte de la condena en Estados Unidos y avanza hacia la denuncia de una operación para reposicionarlo políticamente. “Durante 8 años, fue presidente de Honduras. Corrupto y hombre de negocios turbios, transformó el país en un narcoestado”.
La diputada francesa sostiene que el caso no puede verse únicamente como una restauración personal de Hernández, sino como una operación de mayor escala para convertir a Honduras en enclave estratégico de intereses extranjeros.
En su exposición menciona la cesión de territorios, la construcción de una base militar estadounidense y la entrega de la economía a gigantes de la inteligencia artificial de Estados Unidos e Israel. “No se trata solo de una restauración personal del poder, sino de la transformación del territorio hondureño en un enclave geopolítico”.
Guetté también introduce a Israel y a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, como parte de la ecuación geopolítica, al señalar que el interés no sería únicamente hondureño ni estadounidense, sino regional. Según su lectura, América Latina aparece como un territorio en disputa frente al avance de posiciones populares de solidaridad con Palestina y de rechazo a la propaganda de guerra israelí. “Es aquí donde Netanyahu entra en juego”.
Desde Honduras, el sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Armando Orellana, interpreta la divulgación internacional de los audios como una grieta en el cerco informativo nacional. Para él, el caso evidencia que, ante el cierre de espacios en los grandes medios hondureños, las denuncias están encontrando salida en plataformas internacionales y alternativas.
“La verdad está siendo divulgada por medios internacionales cuando hay cierre, en el caso de Honduras, de ese monopolio mediático”. Orellana sostiene que la importancia de estas revelaciones no está solo en el contenido de los audios, sino en la posibilidad de desnudar los mecanismos de financiamiento, propaganda y manipulación que operan detrás de la disputa política.
En su análisis, Honduras forma parte de una guerra cognitiva más amplia contra proyectos populares en América Latina. “Los está poniendo al desnudo realmente de dónde surgen los financiamientos y cómo se mueve esa lógica de la guerra cognitiva”.El académico hondureño también vincula el caso con una ofensiva de la derecha nacional e internacional para frenar avances populares y golpear liderazgos políticos asociados a proyectos alternativos.
En esa lectura, los audios no solo revelarían conversaciones privadas, sino la arquitectura de una operación política destinada a moldear gobiernos, narrativas y correlaciones de fuerza en la región. “Ha conspirado la derecha nacional e internacional para apoderarse o para frenar esos avances populares que se han venido dando en Honduras y en América Latina”, concluyó Orellana.
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