Los jueces Joseph F. Bianco y William J. Nardini –que junto a José A. Cabranes integran la Corte de Apelaciones de New York–, fueron promovidos y nombrados por Donald Trump durante su primer mandato en 2019; ese tridente ordenó anular la declaratoria y sentencia del dictador hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH).
Aunque ha quedado claro que la acción de los juristas de Trump no borra el largo historial de delitos, pues no es reivindicación judicial para declararlo inocente, evidencia el fuerte control que el magnate y presidente de EE.UU. ejerce sobre el sistema judicial de su país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El sistema de Justicia de Estados Unidos confirmó su desinterés total por el daño causado por Juan Orlando Hernández (JOH) a sus ciudadanos con el envío de drogas y a los hondureños con su régimen y legado de corrupción, tres jueces de apelaciones han decidido anular la declaratoria que el dictador recibió el 8 de marzo de 2024, encontrado culpable por narcotráfico y delitos relacionados por la Corte Sur de New York a cargo del juez Kevin Castel.
Hernández había sido arrestado en Honduras el 15 de febrero de 2022, luego que la noche anterior, en pleno “Día de San Valentín” –17 días después de haber dejado el Gobierno que controló de facto y con fraudes electorales–, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitara oficialmente su extradición.
Luego de 65 días bajo arresto en el Fuerte Cobras –unidad especial de la Policía Nacional de Honduras–, Hernández fue extraditado a EE.UU. el 21 de abril de 2022 y un día después de su llegada al Centro de Detención de Brooklyn fue conducido ante el juez de primera instancia Stewart D. Aaron quien reveló los cargos de tráfico de drogas y armas en una acusación enmendada contra Hernández.
Su juicio conllevó no solo el desfile de capos que declararon en su contra y confirmaron haber tenido una asociación para “meter la droga a los gringos por debajo de sus propias narices”, sino también acompañada por la desclasificación de miles de documentos donde destacó la cronología e investigación de la DEA, usada por la Fiscalía del Distrito Sur de New York como principal arma en su contra.
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Los documentos confirmaron que Hernández inició en el narcotráfico en 2004 y, desde entonces, escaló como un “pez gordo” usando su poder criminal –y alianzas– para instalar su carrera política; por ejemplo, los archivos –ya publicados por este periódico– citan cómo pidió dinero a otros capos para sus campañas desde hace décadas, que le valieron para ser titular del Congreso Nacional (2010-2014) y presidente desde 2014 a enero 2022, por la vía del fraude e imposición de ilegal reelección en 2017.
Todo lo anterior fue clave para que el juez Kevin Castel sentenciara a Hernández a 45 años de prisión por conspiración para importar cocaína (hasta 500 toneladas), uso y portación de armas y conspiración para usar armas –en protección de su red de narcotráfico–, un castigo que para la sociedad hondureña fue corto en comparación al que recibió su hermano Antonio “Tony” Hernández y Joaquín “el Chapo” Guzmán –capo mexicano–, pero que dejó en claro no castigaría delitos en Honduras.
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A pesar de la gran decepción, por una sentencia considerada “amable” el castigo dejó un precedente histórico en Honduras y la región; sin embargo, con el inicio del nuevo periodo de Donald Trump –otro presidente que ha desfilado en tribunales neoyorquinos– y su escalada geopolítica, el peor de los escenarios para el país se cumplió.
A días de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Trump intervino a favor de Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, instituto político usado por Hernández para su ascenso y que fue calificado por el juez Castel como una “estructura criminal” y, de hacerlo indultaría a Hernández.
La elección fue cerrada y controversial por denuncias de sabotaje desde antes de entrado al proceso final, los votos incluso fueron retrasados desde el Consejo Electoral –según denuncia del funcionario, Marlon Ochoa–, y entre otras irregularidades, no se completó el conteo total ni escrutinio especial sobre todas las actas y, dentro de ese campo de batalla, Hernández “revolvió el avispero” publicando una fotografía suya tras salir de prisión el 2 de diciembre.
Desde entonces, y ante la falta de interés de la Fiscalía del Distrito Sur de New York, el regreso de JOH a Honduras comenzó a gestarse. En primera instancia se ratificó el “triunfo” de Nasry Asfura en la presidencia, habilitando una gran cantidad de diputados nacionalistas que, con alianzas en el Partido Liberal –ya un escenario histórico– conformaron la nueva Junta Directiva de ese poder que en sus primeros dos meses promovió un juicio político al entonces Fiscal General, Johel Zelaya.
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Zelaya, como líder del Ministerio Público, mantuvo activa la orden de arresto contra Hernández por narcotráfico y corrupción estatal, y tras su separación se sumó la renuncia de Rebeca Obando como titular del Poder Judicial.
Si fuera poco, los jueces de la Corte de Apelaciones de New York, José A. Cabranes, Joseph F. Bianco y William J. Nardini decidieron –ante una solicitud del equipo legal de Hernández– anular la sentencia del tribunal de Castel, “con instrucciones de desestimar el caso por haber quedado sin objeto” tras el indulto de Trump; pero esto no significa que Hernández es inocente, sino que puntualmente, el sistema de Justicia de EE.UU. no seguirá invirtiendo sus recursos en ello.
En el documento oficial, los jueces exponen que “el apelante (Juan Hernández) afirma que el Gobierno no se opone a la solicitud bajo el entendimiento de que el apelante no buscará ningún otro tipo de reparación en el tribunal de distrito”.
Un detalle relevante de lo acontecido ayer, es que del tridente de jueces en apelaciones dos de ellos, Bianco y Nardini, fueron nombrados por Donald Trump en su primer mandato; en tanto, Cabriani viene “sirviendo” desde su designación por Bill Clintón y está a escaso tiempo de su jubilación.
Bianco egresó con honores en la Universidad de Georgetown en 1988 y se doctoró en Derecho en 1991 (Columbia, New York) como becario de la revista jurídica Kent, su salto al sistema judicial de EE.UU. se da en 1994 cuando fue Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Sur de New York donde llegó a ser subjefe y luego jefe de la Unidad de Crimen Organizado y Terrorismo.
Aunque en 2003 abandonó el Departamento de Justicia, solo un año después fue juramentado como Fiscal General Adjunto en la División Penal en Washington D.C., donde supervisó la Sección de Contraterrorismo, la Sección de Fraude, la Sección de Apelaciones y la Unidad de Casos de Pena Capital hasta que se convirtió en juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York, nombrado por el presidente George W. Bush en 2006.
El 17 de mayo de 2019, Bianco asumió como Juez del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito tras el beneplácito de Trump; según información oficial del Departamento de Justicia, ha desempeñado como docente universitario y otorgado varios cursos en las facultades de Derecho en Fordham, Hofstra y el Centro de Derecho Touro; actualmente imparte clases en la Universidad de St. John’s.
Nardini –por su parte– se graduó con honores de la Universidad de Georgetown en 1990 con una licenciatura en Ciencias Políticas. Posteriormente, cursó un año de estudios comparativos de gobierno en la Universidad de Roma “La Sapienza” (Italia), gracias a una beca del Rotary Club. En 1994, obtuvo su doctorado en Derecho (J.D.) de la Facultad de Derecho de Yale, donde fue editor ejecutivo del Yale Law Journal.
Tras graduarse de la facultad de Derecho, trabajó como asistente legal para el juez José A. Cabranes (1994-1995) y luego para el juez Guido Calabresi (1995-1996) del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, y para la jueza Sandra Day O’Connor (1996-1997) de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Posteriormente, como becario Fulbright, el juez Nardini asistió al Instituto Universitario Europeo en Fiesole, Italia, donde en 1998 obtuvo una maestría en Derecho Europeo, Comparado e Internacional (LL.M.).
En el año 2000, el juez Nardini se unió a la Fiscalía Federal del Distrito de Connecticut, donde se desempeñó como jefe adjunto de Apelaciones (2002-2004), jefe de Apelaciones (2004-2010) y jefe de la División Penal (2014-2019).
También estuvo destinado en el extranjero, en la Embajada de Estados Unidos en Roma, como Agregado del Departamento de Justicia (2010-2014), representando a EE.UU. en todos los asuntos de justicia penal relacionados con Italia.
El juez Nardini presidió durante dos años el Grupo de Trabajo de Jefes de Apelaciones del Comité Asesor del Fiscal General. En 2004, recibió el Premio del Fiscal General al Servicio Excepcional por su participación en el procesamiento de la corrupción policial en Boston en el caso de James «Whitey» Bulger y Stephen «The Rifleman» Flemmi.
El 28 de agosto de 2019, el presidente Donald Trump anunció su intención de nominarlo para servir como juez del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, tras varios procesos de “confirmación” y votaciones en el Senado, se confirmó su juramentación el 7 de noviembre de ese año, tras lograr 86 votos favorables –solo 2 en contra–, iniciando oficialmente el 14 de noviembre.
El juez Nardini ha impartido clases como profesor visitante en la Facultad de Derecho de Yale. Ha formado parte del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Connecticut, así como de los Comités Asesores de Normas Locales del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos y del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut.
La influencia de Trump en el sistema judicial estadounidense es muy marcada –pues su origen es empresarial-oligárquico y no meramente político–, y se comprueba con acciones como las que se ejecutaron a su favor en 2024 cuando la jueza federal en Florida, Aileen Cannon, desestimó formalmente las acusaciones contra el presidente por el asalto al Capitolio y por manejo indebido de documentos clasificados tras su primer mandato (2017-202).
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Las acusaciones habían sido presentadas por el entonces Fiscal Especial, Jack Smith, pero la jueza Cannon la desestimó porque el nombramiento de Smith fue calificado como “inconstitucional” y, de esa forma hacia el 20 de enero de 2025, Trump ya era completamente inmune al ser presentado como 47.° presidente de su nación.
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