Detrás de los juicios políticos contra funcionarios que en la administración pasada desmontaron la narcodictadura, afloran diversos escenarios, entre ellos, el “triunfal” retorno de Juan Hernández y, a criterio del abogado constitucionalista, Ramón Barrios, el expresidenciable Salvador Nasralla, es el gran perdedor en la recomposición del autoritarismo.
Según el togado, la cacería contra el consejero electoral, Marlon Ochoa, pesará en la historia contra Nasralla, pues se trata del único que defendió su victoria en las últimas elecciones y también, abre el camino político para una hipotética candidatura de Hernández a su regreso.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Congreso Nacional, dirigido por el Partido Nacional con Tomás Zambrano en la presidencia, está reconfigurando el panorama político nacional a través de la figura del juicio político, que ha permitido la destitución, en primera instancia, del abogado Johel Zelaya como fiscal general y de la magistrada Rebeca Obando en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
La misma figura ahora se está aplicando a cinco funcionarios electorales: los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez —estos dos últimos suplentes—; asimismo, al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y a la suplente Karen Rodríguez, quien renunció, por lo que no enfrentará la interpelación.
Desde hace varias semanas, Marlon Ochoa denunció persecución política, argumentando su postura durante todo el proceso electoral, mismo que derivó en un triunfo del Partido Nacional con fuertes cuestionamientos por múltiples irregularidades que han llevado a sectores a calificar las elecciones como nulas.
Para el abogado constitucionalista y exdiputado Ramón Barrios, “el juicio político contra el consejero Marlon Ochoa tiene la finalidad de dejar al único partido de oposición sin representación en el Consejo Nacional Electoral —es decir, Libertad y Refundación (Libre)—, lo que abriría la puerta para manipular nuevamente los resultados electorales”, afirmó en entrevista con EL LIBERTADOR.
“Si se va a someter a juicio político a un consejero del CNE, deben someterse los tres (a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López), porque las dos consejeras también tienen denuncias; en aras de la objetividad, o se somete a todo el Consejo o no se somete a ninguno”, sostuvo.
Para Barrios, el desenlace del proceso no solo afecta a Libre, sino que impacta directamente a Salvador Nasralla, a quien identifica como un actor clave dentro del actual tablero político y electoral hondureño. “Esa jugada política pone en riesgo a Salvador Nasralla, quien ganó las elecciones y denunció, junto al consejero, un complot reflejado en audios que aún no han sido investigados”, afirmó.
Regreso de JOH y concentración de poder
Barrios describe la dinámica como concentración de poder. “La concentración del poder genera un mandato dictatorial; hoy el bipartidismo controla el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que representa un riesgo no solo político, sino para la institucionalidad y el Estado de Derecho”, advirtió.
Vinculó este proceso —además— con posibles reconfiguraciones dentro del propio Partido Nacional: “En este escenario entra un actor importante como es Juan Orlando Hernández para incorporarse a la vida política del país al interior del Partido Nacional, con una consecuencia, y es que esto va a sembrar una división al interior del Partido porque el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sin lugar a duda tiene aspiraciones presidenciales”.
Sobre lo anterior, la excandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, advirtió que el exmandatario hondureño podría intentar una inscripción presidencial con miras a futuros procesos electorales. Ante este escenario, Ochoa –según Moncada— se convirtió además en un óbstalo para el eventual éxito de este plan.
Aunque Hernández no ha confirmado que planee aspirar a un tercer mandato como jefe de Estado, en el pasado también manifestó que no estaba interesado en una eventual reelección; sin embargo, terminó reeligiéndose, violentando la Constitución.
Por su parte, Ochoa se entrevistó con EL LIBERTADOR, sosteniendo que el juicio político no responde a una evaluación institucional, sino a una represalia política por sus denuncias sobre las elecciones de noviembre de 2025, comicios en donde —afirmó— se le arrebató al pueblo hondureño su voluntad de decidir quiénes administrarán el Estado.
Según el funcionario, la ofensiva en su contra busca borrar evidencias sobre el fraude electoral en el que —asegura— habrían participado actores de poder político, económico e incluso estructuras vinculadas al crimen organizado. Asimismo, afirmó que existen tres factores que explican el interés por destituirlo, además del fraude que, a su criterio, se efectuó: la restauración de una “dictadura” y la intención de frenar investigaciones sobre posibles delitos derivados de esos comicios.
El consejero explicó que su eventual llegada a la presidencia del CNE representa una amenaza para quienes —afirma— habrían cometido irregularidades. Comparó la situación con autores de crímenes que persiguen a testigos, sugiriendo una persecución directa por conocer lo ocurrido en las elecciones.
También señaló intereses particulares de actores vinculados a audios filtrados y a figuras políticas cuestionadas, incluyendo a un diputado —según dijo— sin respaldo electoral. Añadió que élites económicas también lo ven como un riesgo ante el creciente cuestionamiento social a las desigualdades.
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