“Es falso que exista una relación entre pertenecer al CIADI y atraer inversión extranjera. Varios estudios han reiterado esta conclusión que desmonta lo que se ha convertido en una falacia sin base alguna”, reaccionó el procurador Manuel Díaz, ante la intención del gobierno nacionalista de restablecer el convenio de Honduras con el organismo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz, se pronunció sobre la decisión del nuevo gobierno, encabezado por el nacionalista Nasry Asfura, de reincorporar a Honduras al Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mecanismo que fue denunciado por la presidenta Xiomara Castro (2022-2026) al considerar que vulneraba la soberanía nacional.
Díaz recordó que “el centro no respetó la declaración soberana del Estado de Honduras de 1988”, la cual establecía como requisito el agotamiento previo de las instancias internas antes de someter al país a la jurisdicción del CIADI.
Como segundo argumento, señaló que Honduras enfrentó una coyuntura inédita marcada por una avalancha de demandas de arbitraje de inversión. “Antes de la denuncia de agosto de 2024 se promovieron 18 demandas contra Honduras. Posterior a la denuncia, ya perfeccionada, solo se promovió una demanda. Los datos reflejan por sí mismos la efectividad de la decisión”, afirmó.
Díaz también desmintió que exista una relación directa entre pertenecer al CIADI y atraer inversión extranjera, explicando que “varios estudios han reiterado esta conclusión que desmonta lo que se ha convertido en una falacia sin base alguna”. Citó estudios que contradicen esa premisa y mencionó el caso de Brasil, principal receptor de inversión extranjera directa en América Latina, país que no es miembro del CIADI.
La salida de Honduras del organismo fue una decisión adoptada por Castro, quien consideró que las políticas aplicadas por este mecanismo resultaban lesivas para la soberanía de los Estados. El actual gobierno nacionalista ha manifestado su intención de restablecer la adhesión al convenio.
El CIADI fue creado en 1966 mediante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, impulsado por los directores ejecutivos del Banco Mundial con el objetivo de promover la inversión internacional.
Sin embargo, con el paso del tiempo ha sido fuertemente cuestionado por expertos y organizaciones, que señalan que sus fallos han favorecido a corporaciones transnacionales en detrimento del desarrollo de los países y de los derechos de sus poblaciones.
Desde 2023, Honduras se ha posicionado entre los países con mayor número de demandas ante el CIADI. En América Latina, los Estados han pagado alrededor de 30 mil millones de dólares en indemnizaciones a empresas transnacionales. En el caso hondureño, las acciones legales involucran sectores estratégicos como energía, construcción, finanzas y transporte, destacando la demanda de las ZEDE Próspera Inc., que reclama cerca de 11 mil millones de dólares, una cifra que representa una grave amenaza para las finanzas públicas.
El 24 de febrero de 2024, Honduras notificó oficialmente al Banco Mundial su renuncia al CIADI, amparándose en el Derecho Internacional y en la Convención de Viena. Según la PGR, la decisión respondió, entre otros motivos, a la necesidad de eliminar obstáculos que dificultaban la lucha contra la corrupción público-privada.
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