La Fiscalía del Distrito Sur de New York, publicó documentos con algunas de las evidencias contra el exgobernante Juan Orlando Hernández (JOH), acusado de narcotráfico “a gran escala”, revela el portal informativo, Pro Honduras Network, citando que entre las pruebas hay pagos a pandillas y diálogos con capos de la droga, incluso pruebas del sabotaje electoral.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El portal de noticias, Pro Honduras Network, ha informado que entre las pruebas que liberó este la Fiscalía del Distrito Sur de New York contra Juan Hernández, se evidencia sobornos a personal del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) para sabotear el conteo de votos de elecciones en 2017, cuya tendencia favorecía a la Alianza de Oposición y según expertos, era irrevocable.
En 2017, tras varios parones y fallas del sistema, Hernández remontó la ventaja de Salvador Nasralla, y siendo “presidente” ordenó al Ejército salir a las calles para sostener su ilegal reelección, incidiendo directamente en la muerte de unas 60 personas que se manifestaron en defensa de la Constitución.
El TSE era presidido por David Matamoros Batson, reconocida figura del Partido Nacional quien en fecha 27 de noviembre –de madrugada– no otorgó una declaratoria oficial de la victoria de la oposición y Nasralla; meses más tarde, Hernández designó a su hija Andra Matamoros, como secretaria de Estado en comunicaciones y después en Transparencia.
Entre otros puntos, la Fiscalía también mostró evidencias de conversaciones con el excapo Devis Maradiaga, de los Cachiros; y Arnaldo Urbina, exalcalde de Yoro (ambos también extraditados). De acuerdo con unos audios en poder de la entidad, Hernández accedió a utilizar una pista ubicada en su natal Gracias, Lempira para mover droga, “mientras los hombres se mantengan discretos”.
El documento publicado por la Fiscalía recoge la grabación hecha por Devís Leonel Maradiaga, en una reunión con Urbina Soto donde éste le habría preguntado si a “Juan Orlando no le gustaría invertir en unos kilitos” para conseguir la pista que, según el archivo, pertenece al exgobernante.
Con relación a los acontecimientos de 2017, el archivo retoma que en el marco de la insurrección constitucional, Hernández pagó a uno de sus funcionarios para contratar pandilleros y cometer actos de violencia en protestas, acción que estimuló la salvaje represión policiaco-militar.
El juicio contra Hernández está programado para septiembre próximo, junto a él compareceran también su primo, Mauricio Hernández, expolicía; y Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, exdirector de la Policía Nacional.
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