Este miércoles la congresista Jan Schakowsky, junto a otros cinco figuras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, han presentado ante este poder una nueva legislación que es complementaria con la Ley de Derechos Humanos y Anti-Corrupción de 2021 del senador Jeff Merkley, que sancionará a políticos hondureños por sus abusos contra la dignidad del pueblo.
Esta legislación, junto con mi legislación, la Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras, envía un mensaje claro al gobierno y al pueblo de Honduras que la violencia estatal no puede continuar con impunidad.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Washington. Hoy, la congresista Jan Schakowsky, junto con cinco co-líderes, los Representantes Hank Johnson (GA-04), Joaquin Castro (TX-20), Jesus «Chuy» García (IL-04), Marcy Kaptur (OH-09), y Ilhan Omar (MN-05), encabezaron un grupo de 21 legisladores que introdujeron una legislación en la Cámara de Representantes, complementaria a la Ley de Derechos Humanos y Anti-Corrupción de 2021 del Senador Merkley.
Esta legislación crucial es idéntica a la versión en el Senado, y presenta un marco integral para combatir la corrupción, impunidad y violaciones de derechos humanos en Honduras. Se construye sobre la base sólida de la Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras.
La introducción viene tras el anuncio público de fiscales federales sobre su investigación del Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por su involucramiento en el narcotráfico en los Estados Unidos.
También, sigue la convicción y sentencia de su hermano y ex congresista, Tony Hernández, quien cumplirá una cadena perpetua en prisión por su liderazgo de un cartel expansivo, sofisticado y violento de narcotraficantes.
Como respuesta a esta corrupción desenfrenada y la historia bien documentada de violaciones de derechos humanos, la Ley de Derechos Humanos y Anti-Corrupción de 2021 impondrá sanciones contra el Presidente Hondureño por corrupción y abusos de derechos humanos y suspenderá asistencia en materia de seguridad de los Estados Unidos y licencias de exportación para artículos de defensa y municiones para la policía y fuerzas militares de Honduras, entre otros medidas.
“Por años los Estados Unidos ha brindado millones de dólares en materia de seguridad a Honduras y por años hemos visto el asesinato de activistas de derechos humanos, laborales y ambientales llevados a cabo por la policía y fuerzas militares con impunidad,” dijo la Congresista Jan Schakowsky. “Y ahora vemos que el Presidente de Honduras ha está implicado durante una década en actividades violentas de narcotráfico.
Los Estados Unidos tiene que dejar de financiar la corrupción desenfrenada y lasviolaciones de derechos humanos que impiden que el pueblo de Honduras construya un país seguro y próspero. Estados Unidos ha dejado en claro hace tiempo que el gobierno de Honduras tiene que restaurar el estado de derecho, y respetar y garantizar los derechos humanos y civiles. Hasta que esto se cumple, tenemos que suspender nuestra asistencia, imponer sanciones y responsabilizar a los que están en el poder.”
“Las violaciones de derechos humanos y los actos flagrantes de corrupción están siendo cometidos por funcionarios en los más altos niveles del gobierno de Honduras – cobran vidas, acallan a los defensores de derechos humanos y ambientales y forzan a las familias a huir de la persecución y violencia.
No podemos permanecer silenciosos frente a esta crisis,” dijo el Senador Merkley, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado quien introdujo la legislación en el Senado en Febrero. “Si fracasamos en hacer que el Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, funcionarios oficiales a nivel nacional, y miembros de la policía y fuerzas militares rindan cuentas por sus acciones solamente empeorará la situación, aumentará la pobreza y violencia generalizada y forzará a mas familias a buscar seguridad.
Necesitamos un plan integral, incluyendo sanciones, la suspensión de asistencia en materia de seguridad de los Estados Unidos y equipamiento de defensa para la policía y fuerzas militares de Honduras.”
“Es un honor ser co-líder de la Ley de los Derechos Humanos y Anti-Corrupción de 2021.
Esta legislación es la continuación del largo esfuerzo para buscar justicia en Honduras y responsabilizará al Presidente Juan Orlando Hernández por su involucramiento de alto nivel en el narcotráfico,” dijo el Congresista Hank Johnson. “Es imperativo que las fuerzas militares y la policía de Honduras no reciban financiamiento de los Estados Unidos para continuar aterrorizando a su propio pueblo.
Esta legislación, junto con mi legislación, la Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras, envía un mensaje claro al gobierno y al pueblo de Honduras que la violencia estatal no puede continuar con impunidad. Este año conmemora cinco años desde el asesinato de la lideresa de derechos indígenas y ambientales, Berta Cáceres quien fue asesinada por denunciar la injusticia.
Desde su asesinato, muchos más han sido torturados, encarcelados y asesinados por el gobierno de Honduras; tenemos que lograr justicia para ellos con la suspensión de fondos y la desmilitarización de las fuerzas de seguridad de Honduras. Los derechos humanos en Honduras no pueden esperar. Doy gracias a la Congresista Schakowsky y al Senador Merkley por su liderazgo en esta legislación.”
Estoy orgulloso de estar con defensores de derechos humanos y introducir la Ley de l Derechos Humanos y Anti-Corrupción de 2021” dijo el Congresista Joaquin Castro. “Ya es tiempo de suspender la asistencia para las fuerzas de seguridad de Honduras y responsabilizar al Presidente Juan Orlando Hernández por su corrupción. Abordar las causas de raíz de la migración requiere que enfrentamos la inseguridad e impunidad que obliga muchas personas a huir hacia los Estados Unidos.
El pueblo de Honduras tiene el derecho a una vida segura y decente en su país de origen y tiene que estar protegido, no victimizado por su propio gobierno. Invito a todos mis colegas a apoyar esta importante legislación. “Los hondureños continúan saliendo de su país debido a la violencia, corrupción y falta de oportunidades económicas”.
Las instituciones que deben proteger a pueblo están violando los derechos humanos y protegiendo criminales y narcotraficantes.,” dijo el Congresista García. “Tenemos que abordar las causas de raíz de la migración y esto incluye la seguridad del pueblo centroamericano.
La Ley de Derechos Humanos y Anti-Corrupción de 2021 impondrá sanciones contra funcionarios de alto nivel por corrupción y abusos de derechos humanos. Tenemos que mostrar solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Honduras en contra de la impunidad y violencia institucional”.
“Los Estados Unidos no puede permanecer silencioso y permitir que el horrible tratamiento del pueblo de Honduras, y que la corrupción y fraude desenfrenado siguan sin consecuencias,” dijo la Congresista Kaptur.
“La Ley de Derechos Humanos y Anti-Corrupción de 2021 es una legislación vital y de sentido común que responsabilizará a líderes como Juan Orlando Hernández por sus acciones. Los Estados Unidos no puede apoyar regímenes que violan flagrantemente los derechos humanos y el estado de derecho.”
“Nuestra política migratoria y extranjera están estrechamente ligadas. El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, funcionarios nacionales, y miembros de la policía y fuerzas militares son responsables por crimines contra la humanidad de nivel extremo en Honduras– y están creando una crisis humanitaria en la región que obliga a miles de personas a huir de sus hogares en búsqueda de seguridad” dijo la Congresista Omar. “No debemos brindar asistencia en materiade seguridad a un gobierno que asesina a activistas de derechos humanos con cero consecuencias.
El hecho de no exigir que rindan cuentas por sus acciones solamente aumentará la pobreza y violencia, y obligará a más familias a huir de sus comunidades para buscar seguridad. Estoy orgullosa a unirme con la Congresista Schakowsky para asegurar que Honduras no esté premiado por sus crímenes.”
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