Esta tarde en el Congreso Nacional sucedió algo inusual que queda para las páginas curiosas de la historia política de Honduras, se crearon dos asambleas, una de oposición al nuevo Código Penal con 67 diputados que conforme a ley hicieron quórum y, tras deliberaciones acerca del tema, derogaron el controvertido instrumento jurídico.
Se trata de una acción política enmarcada en la Constitución de la República, cuyo contenido tendrá que ser defendido por los sectores de la sociedad opuestos al nuevo instrumento penal que varios juristas llaman “el código de la narco-corrupción, hecho a la medida de la impunidad que necesita el gobierno del Partido Nacional”.
Luego de 113 días de vacaciones, el 17 de enero de 2018 los diputados del Partido Nacional aprobaron el Código Penal, en tanto, fue rechazado por los congresistas de los partidos Libre y Liberal, desde entonces ha quedado en suspenso por la negativa de sectores económicos, políticos y sociales. La última prórroga se extendió al 25 de junio de 2020, eso implica que cuando hoy a las 12:00 de la noche entre en vigor, a la vez, esta tarde fue derogado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. A la corrupción en el manejo de los “fondos Covid”, rumores de golpe de Estado y autogolpe, se le suma la evidente crisis de gobernabilidad, que ha quedado demostrada en un evento único al menos en la historia reciente del país: dos sesiones virtuales de diputados del Congreso Nacional se realizaron de forma paralela este 24 de junio en Honduras.
Esto sucedió después que diputados de la oposición, representada por la segunda fuerza política del país: el Partido Libertad y Refundación (Libre), denunciaron que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva (del Partido Nacional, en el poder), no les permitiera acceder a la sesión virtual programada para este día miércoles.
Los diputados basaron la legitimidad de su reunión con base en el artículo constitucional 191, que establece: “un número de cinco diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones”.
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Así, los diputados de oposición nombraron una nueva junta directiva en el parlamento hondureño y durante la reunión virtual ha abrogado o cancelada la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, por suponerlo que protege a funcionarios corruptos. Además, el jefe de la bancada de Libre, Carlos Zelaya, ha propuesto la implementación de un Congreso paralelo.
Por su parte, los congresistas en el poder han contado con la presencia de Colleen Hoey, encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras. En su cuenta de Twitter, la embajada estadounidense ha escrito: “Plática productiva con @DoctorMauricioolivaH. Conversamos sobre reformas electorales, derechos humanos y nuestro compromiso compartido de mantener fuertes sanciones contra traficantes de personas. Encargada de Negocios Hoey”.
La acción de la funcionaria estadounidense, hace recordar cuando en 2017 la ex encargada de Negocios de ese país del Norte, Heide Fulton, estuvo en el conteo de votos para la ilegal reelección de Juan Hernández. En aquel momento, el pueblo exigía repetir las elecciones, pero no procedió después que Fulton dijera que repetir las elecciones “no tienen base en la ley”, porque su gobierno avalaba los resultados.
RESPALDO EMPRESARIAL
La Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) ha reconocido de inmediato la sesión celebrado hoy 24 de junio por los diputados del Congreso Nacional, amparada en el artículo 191 de la Constitución de la República en la que se derogó el nuevo Código Penal.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), llama a esa ley “Código Penal de la impunidad», pues contiene «rebajas a penas por delitos en contra de la administración pública que favorece a un grupo selecto de funcionarios y exfuncionarios».
El Código Penal convierte a los funcionarios en “ciudadanos superiores a otros, pues esta norma fija reducciones de penas por delitos de corrupción en la administración pública con relación a otros crímenes», añadió. Según el CNA, la rebaja de penas en el nuevo Código Penal «es un atentando contra el sistema jurídico y los bienes públicos que son protegidos por la Constitución de la República».
DESORDEN PERMANENTE
Desde el golpe de Estado y del fraude avalado por Estados Unidos, Honduras se ha vuelto cada vez más ingobernable, el desorden y el crimen profundizado en todas sus formas administran el Estado.- Por definición, la ingobernabilidad en un país es una situación política que se manifiesta en circunstancias persistentes de gran intranquilidad nacional general. Circunstancias graves de convulsión, desorden y perturbación, tal como acontece más de una década en tierras hondureñas.
En una situación ideal, las personas en una sociedad deben gozar de condiciones de orden y estabilidad que hagan posible prever un futuro estable y confiable. Una situación con un mínimo de cambios súbitos y, mucho menos, situaciones de desorden y convulsión general.
La ingobernabilidad es la posición opuestas, una situación de nulo Estado de derecho e imposibilidad de planeación de vida futura. Una situación en la que ya no aplica la razón de ser del gobierno y la ley.
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