En un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala abre la vía para juzgar al presidente Otto Pérez Molina, acusado de actos de corrupción en el sistema tributario de ese país; varios colaboradores ya están presos y otros permanecen prófugos.
En tanto, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, fue enviada por un juez a una cárcel común, acusada de asociación ilícita, delito que, según la legislación penal guatemalteca, no es fiable. También debe responder por otras ilegalidades mientras fue mano derecha de Pérez Molina.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Poder Judicial de Guatemala da cátedra a la Corte Suprema hondureña, al aceptar el juicio contra el presidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción.
Con la acción tomada por el máximo tribunal, se da una lección de independencia e imparcialidad en la aplicación de justicia.
A continuación el comunicado emitido por organizaciones defensoras de la vida y justicia guatemaltecas.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS –CIEPRODH-
Guatemala, Centro América
Ante la grave situación política, social y económica, provocada por la crisis sistémica del Estado guatemalteco, a la opinión pública nacional e internacional,
ADVIERTE:
1. El 25 de los corrientes, la Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad declarar con lugar el antejuicio contra el presidente Otto Pérez, solicitado por el Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG, por considerarlo cabecilla de una estructura criminal vinculada a la defraudación tributaria y otros ilícitos.
2. Pese a las evidencias, Pérez se resiste a renunciar y someterse a la justicia, propiciando un escenario de evidente violación a la institucionalidad del Estado y rompimiento del orden constitucional. Mostrando abuso de autoridad y desprecio por el clamor ciudadano, que desde hace meses exige la renuncia del Gobernante.
3. Organizaciones sociales, populares, campesinas, académicas y gremiales, convocaron a movilizaciones masivas en todo el país durante tres días, 25, 26 y 27 de agosto, para exigir la renuncia inmediata del Gobernante. La respuesta ha sido la represión de la policía nacional civil PNC. El 25 en Cuyotenango, Suchitepéquez, la PNC reprimió a los manifestantes con saldo de un niño de 11 años y dos policías, heridos por arma de fuego. Ese mismo día en ciudad Guatemala, PNC agredió a varios comunicadores sociales que cubrían la audiencia de primera declaración de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, procesada por los mismos delitos que se acusa al presidente Pérez.
4. Ese mismo día 25, un medio televisivo independiente denunció una estrategia del Gobierno para reprimir las protestas sociales y enfrentar a la población entre quienes exigen la renuncia y los que apoyan al régimen. Según esa denuncia, se estaría fraguando un auto golpe de estado, con la pretensión de continuar protegiendo a Pérez y garantizar su salida impune del país.
5. Exhortamos a Ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal a suspender las disposiciones represivas de PNC. Demandamos respeto a las garantías constitucionales, a los derechos humanos y libertades fundamentales de asociación, manifestación, resistencia pacífica, movilización, asociación, libertades de pensamiento, información, expresión y prensa. Estamos atentos al desarrollo de los acontecimientos y seguiremos denunciando los abusos.
POR EL DERECHO A LA VIDA.
1987-2015
Guatemala, 26 de agosto de 2015.
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