Al momento, 75,000 hondureños se han unido en rechazo a las acciones que pretende impulsar el Instituto de Conservación Forestal (ICF), en El Merendón (San Pedro Sula) que, según denuncias, podría abrir la puerta a la explotación y comercialización de esta importante reserva del norte del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La hondureña Briny Solís inició una campaña de recolección de firmas para evitar que El Merendón sea convertido en Parque Nacional, medida que, según denunció, pretende impulsar el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y que podría abrir la puerta a la explotación y comercialización de la zona protegida.
La iniciativa comenzó el pasado 19 de mayo a través del sitio web Change.org, donde hasta la fecha acumula más de 75,000 firmas de ciudadanos preocupados por el futuro de la cordillera, considerada uno de los principales pulmones naturales del norte del país y fuente vital de agua para miles de habitantes.
Solís advirtió que El Merendón “no es solo un pulmón vital para nuestra región, sino un refugio de biodiversidad que alberga especies únicas de flora y fauna”, al tiempo que alertó sobre posibles intereses económicos detrás de la propuesta.
“Nos enfrentamos a una amenaza que podría cambiar esto para siempre: la transformación del bosque en una zona minera y comercial. Las empresas han puesto sus ojos en esta área, con planes que incluyen la extracción de recursos y la expansión del comercio. Sin embargo, debemos preguntarnos a quién beneficia realmente esta destrucción”, expresó.
Asimismo, cuestionó el uso de los recursos naturales por parte de empresas privadas, especialmente las dedicadas a la producción de bebidas.
@euniceumanzor_ Ya son las 50mil firmas, sigan apoyando!!! Esto es un reclamo de toda la población!!! #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viral #honduras #reservas ♬ sonido original - euniceumanzor_
“No se debe permitir que las empresas de bebidas desperdicien nuestro recurso más preciado en su afán de producir a gran escala, especialmente cuando el suministro de agua es crítico para la vida diaria de la población”, señaló.
La ciudadana también hizo un llamado a fortalecer las leyes ambientales e impulsar modelos de desarrollo sostenibles que garanticen la protección de la naturaleza y el bienestar de las comunidades.
“Necesitamos fortalecer las leyes medioambientales vigentes, asegurarnos de que el desarrollo comercial no se haga a expensas de nuestro medio ambiente y promover alternativas sostenibles que beneficien a la comunidad y preserven la naturaleza para las generaciones futuras”, destacó.
Además, invitó a la población hondureña a sumarse a la campaña de firmas para evitar cualquier modificación que ponga en riesgo la reserva forestal.
Por otro lado, el diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, aseguró que el titular del ICF, José Armando Ramírez, compareció ante el Congreso Nacional para abordar el tema de la sostenibilidad de la cordillera.
La cordillera del Merendón es el núcleo que capta el 80 % del agua para la ciudad de San Pedro Sula, en 1990 se legisla para que sea completamente protegida un área aproximado de 39500 hectáreas abarcando las cuencas de los rios Piedras,Santa Ana,Zapotal y Armenta.
En el 2013…
— Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) May 16, 2026
“No existe ninguna intención de esta administración de disminuir la cantidad de hectáreas protegidas; no se plantea la creación de un parque forestal, ni la recategorización de los suelos, ni alterar el núcleo”, afirmó el congresista.
Umaña explicó que lo que se busca es la creación de un nuevo instrumento jurídico que permita conservar el manejo de la reserva por parte de la municipalidad de San Pedro Sula, así como resolver las controversias entre los decretos aprobados en 1990 y 2013.
“Hemos creado el bloque de parlamentarios prodefensa de las áreas protegidas de Cortés, y velaremos para que toda la reserva sea preservada adecuadamente”, puntualizó.
Sin embargo, previamente Umaña denunció que “el ICF, atribuyéndose funciones que no le competen, mediante el acuerdo institucional 92-25 publicado en La Gaceta y siguiendo un protocolo”, pretende derogar un decreto que recategoriza el parque a usos múltiples.
Lo anterior, según el diputado, implicaría “reducir el área estrictamente protegida a 8,684 hectáreas, equivalentes al 23 % del territorio, dejando 28,322 hectáreas, es decir el 77 %, como zona de amortiguamiento sujeta a usos altamente flexibles y vulnerables”.
“Este acuerdo abre paso a la ganadería y a la explotación comercial de metales y suelos, elimina la supervisión de la Alcaldía y traslada la administración del parque a Tegucigalpa”, alertó el congresista.
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