La excandidata presidencial, Rixi Moncada, denunció que el presupuesto 2026 favorece a élites económicas mientras recorta recursos a educación y sectores sociales, advirtiendo un retroceso estructural que profundiza la pobreza, reactiva mecanismos de corrupción y abre paso a la privatización de servicios públicos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, ofreció un extenso análisis durante su participación en el podcast “El Escuadrón del Ruido”, abordando la coyuntura política postelectoral, el presupuesto general de la República y la defensa de la educación pública.
Sobre el contexto postelectoral, Moncada afirmó que, a cinco meses de las elecciones generales, donde —según su criterio— se produjo un fraude por parte del bipartidismo, quedó una herida en la población. “Es un proceso fraudulento, donde la injerencia fue brutal, un proceso que ganaron con dinero, con mucho poder y mucha trampa (…) la población fue manipulada y coaccionada”.
En materia de educación, Moncada defendió el derecho a la manifestación de los jóvenes que exigieron el 6 por ciento constitucional para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), subrayando que se trata de un derecho legítimo.
“Lo que importa es su espíritu para exigir que les den su presupuesto de educación, al que tienen total y absoluto derecho (…) defendemos la educación pública en su amplio contexto”, afirmó.
La dirigente contextualizó esta demanda en un país donde —según expuso— ocho de cada diez hondureños viven en condiciones de pobreza, lo que limita el acceso a la educación superior y profundiza la desigualdad social.
En ese sentido, señaló que la universidad pública representa una garantía para la juventud, al ofrecer becas, transporte gratuito y oportunidades de formación que permiten romper ciclos de exclusión.
Asimismo, cuestionó la reducción de fondos a la UNAH, comparándola con las exoneraciones fiscales otorgadas a sectores empresariales, particularmente al régimen de importación temporal (RIT).
“¿Por qué les quitan los 1,400 millones a los estudiantes y le dan 4,000 millones al régimen de importación temporal, después de 40 años de exoneraciones?”, cuestionó.
Sobre el Presupuesto General, la excandidata presidencial lo calificó como un instrumento que favorece a las élites económicas, al tiempo que restringe recursos destinados a sectores sociales.
“Es un presupuesto de hambre para el pueblo pobre, que favorece estrictamente a las mismas élites de siempre, un modelo privatizador y acumulador que desconoce las reglas de transparencia”, sostuvo.
La abogada consideró que el actual presupuesto representa un retroceso en materia económica y social, al reducir la inversión pública y limitar programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
En contraste, defendió que el plan presupuestario anterior contemplaba mayor inversión en áreas como el bono tecnológico, asistencia a adultos mayores y la merienda escolar, orientadas a dinamizar la economía social.
Bajo esta lógica, advirtió que el nuevo esquema podría incrementar la pobreza y la desigualdad, además de abrir espacios para prácticas opacas en la administración de recursos públicos.
Uno de los principales señalamientos de Moncada fue el retorno de los fideicomisos, a los que calificó como mecanismos que debilitan la transparencia y facilitan la discrecionalidad en el manejo de fondos estatales.
Recordó que durante administraciones anteriores se habrían manejado miles de millones de lempiras a través de estas figuras, señalándolas como estructuras que permiten evadir controles establecidos por la ley.
Finalmente, la dirigente vinculó estos mecanismos con un modelo que, a su juicio, promueve la privatización de servicios públicos como la salud y la energía, al tiempo que llamó a la ciudadanía —especialmente a los jóvenes— a mantener una participación activa y vigilante en los asuntos públicos.
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