Las recientes decisiones adoptadas por el nuevo gobierno del Partido Nacional han despertado fuertes críticas. Entre las medidas figura la aprobación de una ley de emergencia, que diversos sectores advierten podría ocultar la intención de retomar antiguas prácticas de corrupción y privatización dentro del aparato estatal.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El nuevo Congreso Nacional, presidido por el nacionalista Tomás Zambrano, impulsa un proyecto de ley orientado a reducir la mora quirúrgica del sistema público de salud, que según cifras manejadas por el propio Legislativo superaría las 14 mil cirugías pendientes.
La iniciativa propone como solución inmediata la contratación de servicios en clínicas privadas mientras se habilitan nuevos quirófanos en hospitales públicos. Sin embargo, hasta ahora no detalla el impacto financiero que tendría esta medida para las arcas del Estado ni los mecanismos de control y transparencia que se aplicarían.
El planteamiento ha sido cuestionado por sectores que lo consideran una forma progresiva de privatización. En ese sentido, el diputado nacionalista Marco Midence declaró a EL LIBERTADOR que la propuesta contempla trabajar con la empresa privada para atender la emergencia, pero negó que se trate de un proceso de privatización. Según dijo, sería una medida “temporal” para aliviar la presión sobre el sistema público.
No obstante, el exsubsecretario de Salud, Brian Erazo, calificó la iniciativa como “un riesgo inmenso” y advirtió que se presenta como transitoria “para que la gente caiga en la trampa”, cuando en realidad podría convertirse en un esquema permanente. Señaló además que, fuera de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el sector privado no tiene capacidad —ni en cantidad ni en calidad— para absorber la demanda quirúrgica, algo que ya quedó demostrado con la red de servicios subrogados.
Erazo también cuestionó el uso de cifras que mezclan conceptos distintos. “No es lo mismo mora quirúrgica que lista de espera”, explicó, señalando que toda programación médica implica tiempos de preparación que no pueden considerarse mora. A su juicio, inflar los números busca justificar la transferencia de recursos públicos a clínicas privadas, muchas de las cuales ni siquiera cumplen los criterios mínimos de regulación sanitaria.
Los datos oficiales de la Secretaría de Salud (Sesal) durante la gestión de Xiomara Castro (2022–2026) contradicen ese diagnóstico: entre 2022 y 2025, la mora quirúrgica se redujo del 72 % al 48 %, una disminución del 24 %. En ese período, la Sesal incrementó el número de quirófanos de 95 a 111, habilitó jornadas extendidas, abrió fines de semana quirúrgicos y fortaleció al menos 18 hospitales de la red pública. El segundo nivel de atención concentró más de 49,611 millones de lempiras del presupuesto acumulado, el mayor rubro de inversión.
“Hace más de 20 años se dijo que la privatización renal sería transitoria. Nunca volvió. Con cáncer pasó lo mismo. Hoy nos quieren vender la misma narrativa, partiendo además de datos erróneos”, advirtió Erazo.
La discusión legislativa coincide con una fuerte reacción del Colegio Médico de Honduras (CMH), que expresó preocupación por la decisión de que la Secretaría de Salud sea dirigida directamente por el presidente Nasry Asfura, ya que —según el gremio— violenta disposiciones constitucionales y legales al concentrar funciones que deben recaer en un secretario de Estado.
El CMH citó los artículos 235 y 245 de la Constitución, que establecen que la titularidad del Poder Ejecutivo corresponde al Presidente, mientras que la administración de las secretarías recae en funcionarios designados para ese fin. Además, recordó que los artículos 246, 247 y 253 prohíben la acumulación de cargos y establecen incompatibilidades entre funciones públicas, advirtiendo que asumir directamente la Secretaría de Salud generaría una distorsión institucional en una entidad con más de 35 mil trabajadores.
Por su parte, el abogado y analista Ricardo Soto cuestionó que el gobernante asuma la conducción de la Sesal, señalando que, aunque podría interpretarse como un intento de combatir irregularidades, la historia del sector salud en Honduras está marcada por la influencia de intereses privados, farmacéuticos y políticos. Advirtió que la medida podría ser un paso hacia la privatización si no se orienta a fortalecer el sistema estatal, concluir hospitales pendientes y garantizar atención digna.
En la misma línea, el diputado liberal Umaña alertó sobre los riesgos del decreto de emergencia en salud y anunció que será socializado con los gremios. Señaló que uno de los puntos más delicados es la posible privatización de la mora quirúrgica y la dispensación de medicamentos, algo que ya ha generado rechazo en sectores como el Colegio Químico-Farmacéutico.
Umaña recordó que el 50 % de los quirófanos públicos no se utilizan por falta de especialistas y que el proyecto no contempla la construcción de nuevos espacios ni la contratación de personal, además de permitir prórrogas sin pasar por el Congreso.
Finalmente, advirtió que, de no discutirse ampliamente, la iniciativa podría enfrentar recursos de inconstitucionalidad, como ocurrió con la Ley Marco de Protección Social, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia por intentar privatizar la salud.
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