La ampliación por cinco años del Régimen de Importación Temporal reabre el debate sobre la desigualdad de las exoneraciones fiscales en Honduras. Economistas advierten que, tras cuatro décadas de beneficios, el esquema perdió su objetivo original, favorece a grandes empresas y genera distorsiones frente a la economía nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El mandatario hondureño Nasry Asfura sancionó tres decretos tras ser juramentado como jefe de Estado el pasado 27 de enero de 2026, entre ellos la ampliación por cinco períodos fiscales del Régimen de Importación Temporal (RIT), un mecanismo creado en 1984 cuya extensión se había mantenido en pausa durante la administración anterior.
La decisión vuelve a colocar en el centro del debate el uso de exoneraciones fiscales. Sobre este tema, EL LIBERTADOR entrevistó a la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, quien afirmó de manera contundente que “estas exoneraciones realmente deberían dejarse”.
“Le dieron cinco años más de vigencia a esto, pero son 40 años de estar con estos beneficios. La idea de los beneficios fiscales es que, a las empresas, cuando arrancan o cuando están en crisis, se les otorguen para alcanzar el equilibrio financiero; ya cuando empiezan a tener utilidades, entonces o se les detiene el beneficio o, en algunos casos, se elimina”, explicó Castillo.
Por ello, sostuvo que Honduras necesita una revisión integral de todas las exoneraciones, debido a que “ha habido mal uso de muchas de ellas”. Entre las condiciones originalmente establecidas —agregó— estaban la creación de empleo y la atracción de inversión, metas que no se han cumplido según su análisis.
“Y el otro tema es que estas exoneraciones se dan para que los productos se vendan al exterior. Pero lo que se sabe es que muchas empresas venden la mayor parte de sus productos aquí en el país. Entonces, se pierde el objetivo por el cual se da la exoneración”, añadió.
En esa línea, datos publicados por el exsecretario de Finanzas Christian Duarte indican que el 55 % de todas las ventas del RIT ocurren en el mercado local, equivalentes a 77,812 millones de lempiras, lo que —según afirmó— constituye una ventaja desleal frente a miles de micro y pequeños empresarios.
Ante este panorama, Castillo insistió en que el régimen “sí amerita una revisión” y que debe verificarse si realmente ha generado más empleo e inversión. “Pero si no generan más empleo ni hay más inversiones, entonces esos beneficios tienen que ir reduciéndose o eliminándose”, subrayó.
Según datos del oficialismo, el RIT exonera el pago del 15 % del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y del 10 % de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), y genera 46,780 empleos y cerca de 1,500 millones de dólares en exportaciones.
Sin embargo, estas cifras contrastan con las del exsecretario Duarte, quien señala que, según el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en 2024 apenas se registraron 17,125 empleos vinculados al régimen, mientras que las grandes empresas beneficiadas reciben anualmente cerca de 4,000 millones de lempiras.
Sobre estas disyuntivas, Castillo profundizó en la Ley de Justicia Tributaria, propuesta impulsada por Libertad y Refundación (Libre), pero que encontró el rechazo de la entonces oposición, la cual buscaba reestructurar los regímenes fiscales en Honduras.
Para Castillo, la ley no es negativa en sí misma, pero presenta una limitación estructural: se enfoca únicamente en incrementar los ingresos fiscales, dejando de lado un componente clave del equilibrio financiero del Estado, como es la revisión y eficiencia del gasto público.
La analista subraya que no basta con recaudar más si los recursos se ejecutan sin controles de calidad. Obras sobrevaloradas, retrasos injustificados y proyectos que no reflejan su costo real evidencian fallas en la gestión, debilitando la confianza y el impacto del gasto estatal.
Además, advierte sobre el crecimiento sostenido del gasto corriente, especialmente en salarios, compras y burocracia. Reducir ese gasto improductivo, junto con revisar las exoneraciones fiscales, permitiría liberar recursos para inversión pública y avanzar hacia una política fiscal verdaderamente integral.
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