La conformación del nuevo gabinete de gobierno que dirige Nasry Asfura ha despertado cuestionamientos sobre la capacidad de quienes asumirán la conducción de las distintas instituciones estatales. A criterio del abogado y analista Alex Navas, los nombramientos responden más a una lógica partidaria que a criterios técnicos y profesionales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El abogado y analista político Alex Navas advirtió que el nuevo gabinete del presidente declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura, no responde a un perfil técnico, sino a una lógica eminentemente política, lo que genera serias dudas sobre el rumbo que tomará la nueva administración.
En declaraciones a EL LIBERTADOR, Navas cuestionó que, pese a las promesas de conformar un equipo con “las mejores personas” en las secretarías de Estado, los nombramientos realizados hasta ahora no evidencian experiencia ni trayectoria en la función pública ni en las áreas específicas que ahora dirigirán.
“Por ejemplo, en la Secretaría de Finanzas pusieron a un abogado (Emilio Hernández) que no tiene experiencia en temas de finanzas públicas, deuda, pago a proveedores e infraestructura. Esto abre una gran interrogante sobre hacia dónde se dirige el gobierno”, expresó.
Desde su perspectiva, Asfura está optando por personas con filiación partidaria y cercanas al Partido Nacional (PN). “No vamos a tener un gobierno técnico, sino un gobierno altamente politizado”, advirtió.
El analista también se refirió al nuevo intento de privatización temporal al sistema quirúrgico de salud, subrayando que este ámbito —al igual que la educación, la seguridad social, la vivienda y el trabajo— constituye un derecho humano fundamental que no debe ser sometido a lógicas de mercado.
“La salud no puede ser mercantilizada, porque lo mercantil busca lucro, no garantizar derechos. La Constitución de la República establece claramente la obligación del Estado de brindar servicios de salud a la población”, sostuvo.
En ese sentido, recordó que los impuestos que paga la ciudadanía tienen como finalidad que el Estado asuma esa responsabilidad, y no delegarla a privados, fideicomisos u otros mecanismos que terminan trasladando fondos públicos a intereses particulares.
Navas alertó que la mercantilización de la salud no solo encarece los servicios, sino que profundiza la exclusión social. Citó el caso de Colombia, donde la tercerización de los servicios de salud y seguridad social elevó los costos y redujo la cobertura para los sectores con menos recursos, especialmente en áreas como pensiones, riesgos laborales y hospitalización.
“Eso podría generar un riesgo enorme para un sistema de salud que ya está colapsado, con carencias técnicas y legales para cumplir lo que manda la Constitución”, afirmó.
No obstante, recordó que durante la pandemia de la COVID-19 quedó demostrado que el sistema público fue más efectivo que el privado para enfrentar la crisis sanitaria, destacando que instituciones como el Seguro Social cuentan con equipos de alta gama y mayor capacidad de respuesta.
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