La lista de 97 diputados demandados por la Procuraduría General de la República, por destituir arbitrariamente a magistrados que bloquearon las ZEDE, incluye figuras del bipartidismo —especialmente nacionalistas— con un largo historial de señalamientos por corrupción que costaron millones al Estado.
Entre los demandados figuran Tomás Zambrano y Mario Pérez, señalados por manipular leyes en los casos “Pacto de Impunidad” y “Fe de Errata”, además de enfrentar acusaciones por presunto uso irregular de fondos y vínculos con redes políticas cuestionadas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Procuraduría General de la República (PGR), interpuso una demanda ordinaria ante el Juzgado de lo Civil por un monto de 54 millones de lempiras contra 97 diputados de la administración 2010-2014 que aprobaron la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los magistrados se opusieron a la implementación de las entonces llamadas «Ciudades Modelo», posteriormente rebautizadas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El 12 de diciembre de 2012, los congresistas destituyeron a los magistrados Gustavo Enrique Bustillo, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y José Francisco Ruíz Gaekel, una decisión que más tarde fue condenada por organismos internacionales.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, recordó que esta destitución generó una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado de Honduras resultó condenado.
En cuanto al nuevo proceso civil, explicó que el juez evaluará la admisión de la demanda y procederá al emplazamiento de los 97 señalados. Posteriormente, el caso avanzará hacia una audiencia preliminar, etapa de pruebas, alegatos finales y finalmente la sentencia.
Sala reconfigurada
Con la destitución de los magistrados, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Avilés, aprobó la integración de cuatro nuevos magistrados quienes se unieron a Óscar Chinchilla, el único que estuvo a favor de las Ciudades Modelo y quien más tarde sería clave en la dictadura de Juan Orlando Hernández ejerciendo como fiscal general.
En una imagen filtrada por el medio de comunicación HCH, aparecen los nombres de los 97 demandados. Entre ellos figuran figuras centrales del Partido Nacional: el exmandatario, Juan Orlando Hernández, actualmente condenado por narcotráfico en Estados Unidos, se reeligió de forma ilegal y es señalado por desviar fondos públicos, manipular el sistema electoral y aprobar leyes que beneficiaban a estructuras afines a su gobierno.
Además, Abraham Kafati Díaz, hoy candidato a diputado por Danlí, ha sido acusado de cerrar canales de televisión durante su administración municipal. También se le vincula a un proyecto de carretera valorado en 20 millones de lempiras que nunca se ejecutó, dejando como sospecha que él y otros diputados habrían recibido 2 millones cada uno.
El congresista Tomás Zambrano, quien fue acusado en 2018 en el caso «Pacto de Impunidad» por falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno. Zambrano recibió un sobreseimiento definitivo.
Zambrano también fue acusado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en el caso «Fe de Errata», junto al congresista Mario Pérez, por manipular ilegalmente la Ley de Presupuesto.
La extinta Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLCN) señaló en 2015 al diputado Mario Pérez López por presuntos vínculos con el narcotráfico en la zona noroccidental. En Nueva York también ha sido mencionado en casos relacionados con corrupción y narcoactividad.
Un informe del TSC (2019) indica que dos millones de lempiras asignados a través del Fondo de Desarrollo Departamental nunca fueron liquidados, aunque no fue acusado penalmente.
La diputada Gladys Aurora López aparece en la lista, acusada en el expediente «Arca Abierta» por la supuesta malversación de 21.1 millones de lempiras a través de la ONG «Planeta Verde». También enfrenta un proceso por el desvío de 290 mil lempiras destinados al alumbrado público.
El actual aspirante a la alcaldía de San Pedro Sula, Yaudet Burbara Canahuati, quien ha sido señalado por malversación de fondos, corrupción y lavado de activos en el caso «Fondo Departamental 3.0», donde manejaba un presupuesto superior a los 4,600 millones de lempiras. Votó a favor de eliminar la MACCIH.
En 2021, este candidato figuró entre los once hondureños mencionados en los Pandora Papers. Los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) demostraron que en 2015 solicitó a una firma panameña que administrara dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas: Splendid Advisors Corp. y Universal Consultants Trading Inc., en las que él y su madre, Naval Nayib Canahuati, aparecían como directores y beneficiarios.
Expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera fue investigado en 2018 por la MACCIH por presunto drenaje de fondos públicos mediante ONG.
Rigoberto Chang Castillo fue el secretario del Congreso que presentó la polémica Ley de Secretos, utilizada durante años para ocultar información pública. También es señalado por presunta participación en redes de corrupción y mal manejo de fondos estatales.
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