El analista político, José Zúniga, advirtió que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, incurrieron en delitos de prevaricato administrativo, colusión y usurpación de funciones, al admitir –sin estudiar a fondo– los expedientes de inscripción de dos candidatos del bipartidismo, entre ellos, el controversial Jorge Cálix.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un nuevo debate se ha instalado en la sociedad hondureña luego que el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, denunciara que personal dentro de la institución se coludió para permitir una ilegalidad en el caso que involucra la inscripción del diputado Jorge Cálix para participar en las elecciones del 30 de noviembre.
Cálix habría quedado inhabilitado al haber participado en el proceso electoral primario que se desarrolló el pasado 9 de marzo, cuando aspiró a una candidatura presidencial por el Partido Liberal, obteniendo un resultado adverso al perder la contienda contra Salvador Nasralla.
En las últimas semanas, anunció su intención de intentar participar en el proceso general, aspirando a una reelección como diputado al ocupar una vacante por el departamento de Olancho, lo que sectores han calificado como una violación a la Constitución y la Ley Electoral.
En ese sentido, Morazán denunció que el resto del pleno de magistrados del TJE, Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, procedieron a sesionar de manera ilegal y aprobaron medidas cautelares de suspensión del acto, admitiendo sin conocer el expediente administrativo de Cálix y otro aspirante nacionalista de nombre Cristian Adalid Villalobo.
Posible ilegalidad
En entrevista con EL LIBERTADOR, el abogado y analista político José Zúniga manifestó que la actuación de los magistrados podría constituir delitos de prevaricato administrativo, colusión y usurpación de funciones, ya que las resoluciones se adoptaron sin cumplir con el quórum que exige la ley.
«La normativa establece que debe haber la presencia de los tres magistrados propietarios o, en su defecto, sustituir la ausencia de uno por un suplente, lo cual en este caso no ocurrió. Además, se omitió el paso fundamental de la abnegabilidad del expediente administrativo», señaló.
El analista advirtió que el Ministerio Público debe actuar de oficio, pues se trata de posibles delitos que afectan directamente el Estado de Derecho y la democracia.
Recordó que la Constitución, en sus artículos 232 y 233, obliga a la persecución penal de oficio en casos donde existan indicios claros de irregularidades que pueden afectar propiamente el Estado de Derecho o la democracia, como es el caso particular.
Usurpaciones
Asimismo, Zúniga indicó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha emitido aún el dictamen sobre la participación de Cálix ni del candidato nacionalista.
«Están hasta usurpando funciones que le competen inicialmente al CNE, y Cálix también está cometiendo delito a través de los diversos medios de comunicación, donde mostró un acta en donde supuestamente el secretario general da fe de que se llevó a cabo una sesión sobre dicha temática; habría que investigar quién estampó las firmas», analizó.
El togado recordó que la Ley Electoral establece en su artículo 115, numeral 10, que un candidato que ya participó en elecciones internas y no resultó electo no tiene derecho a inscribirse en las elecciones generales.
«La clase política en este caso no se quiere regir bajo normativas establecidas en la Ley de Justicia Electoral; esto nos dice y nos habla mucho de que se despoja de lo que es el marco de la ley para subsumirse en intereses personales», lamentó.
El analista destacó que en el pasado otros políticos han recurrido a diversas artimañas para lograr su inscripción en procesos electorales, y advirtió que este tipo de prácticas no deben convertirse en una justificación para continuar violentando la ley.
Zúñiga concluyó señalando que, ante estos delitos, la Fiscalía debe actuar y quienes son perseguidos no pueden argumentar «persecución política» porque, si no, “estaríamos en un estado fallido en donde cualquier persona con una influencia poderosa políticamente en nuestro país tendría la capacidad de violentar la normativa que este quisiera para obtener su beneficio personal”.
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