El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra funcionarios, exfuncionarios y particulares vinculados a la Alcaldía de San Pedro Sula . Entre ellos, Steve Fajardo, yerno del actual alcalde y jefe liberal, Roberto Contreras, por un presunto fraude de 45.5 millones de lempiras mediante contratos irregulares con la empresa HERCOD, que derivaron en lavado de activos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público informó que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó un requerimiento fiscal contra actuales y exfuncionarios de la Alcaldía de San Pedro Sula, entre ellos a Steve Fajardo, yerno del actual edil y jefe del Partido Liberal, Roberto Contreras, por su supuesta participación en una red de corrupción que habría causado un perjuicio millonario.
Según la investigación, entre julio de 2023 y abril de 2024 se habrían suscrito 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados a proyectos de mejoramiento vial. El perjuicio económico calculado supera los 45.5 millones de lempiras en fondos municipales.
El requerimiento también se extendió a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representante de HERCOD, y Josué David Fajardo Hernández, familiar del yerno de Contreras.
Entre los particulares imputados figuran José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea. Todos habrían participado en la simulación de procesos de contratación y en la distribución de beneficios derivados de los contratos municipales.
También se acusó a exfuncionarios y empleados municipales, entre ellos Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez y Alejandra Eunice Amaya Barnica, de la Gerencia de Infraestructura. La lista incluye a Marlen Mena Gómez, exgerente financiero, y a Xavier Lacayo Delgadillo, tesorero municipal.
Otros acusados son Luis Enrique Saa, director de Proyectos, y Walter Cartagena Villagra, exdirector de Vías. A todos se les imputan delitos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias y operaciones de lavado de activos con recursos públicos.
De acuerdo con el expediente, empleados municipales y representantes de las empresas sostuvieron reuniones previas en las que planificaron adjudicar todos los contratos a HERCOD, mientras las demás sociedades funcionaban solo como “relleno” para aparentar legalidad en los procedimientos.
La investigación señala que HERCOD no cumplió con requisitos esenciales como la presentación de garantías de anticipo ni nóminas del personal técnico responsable. Aun así, se le adjudicaron 26 contratos por vía directa y siete mediante licitación privada, eludiendo la licitación pública.
Las autoridades señalaron que los funcionarios municipales autorizaron pagos sin verificar avances o finalización de obras. En varios contratos no se especificó la ubicación exacta de los trabajos y en otros no se halló evidencia de ejecución, como en un complejo deportivo y carreteras de El Merendón.
Se documentó que Steve Fajardo, sin ser funcionario municipal, sostuvo reuniones con el entonces gerente de Infraestructura, Osman Chávez, y representantes de empresas oferentes. Según la investigación, utilizó vínculos familiares para influir en la adjudicación de contratos millonarios.
Posteriormente, el Ministerio Público identificó supuestas operaciones de lavado de activos. Una vez pagados los contratos, Olga Estela Ávila transfería los fondos a cuentas compartidas con Hernández Portillo, quien luego enviaba más de 5.9 millones de lempiras a Josué David Fajardo.
Las transferencias se realizaron con el propósito de ocultar el origen ilícito del dinero. Josué Fajardo entregaba el efectivo a su sobrino, Steve Fajardo, a través de terceras personas. Con ello, las autoridades concluyeron que se materializó el delito de tráfico de influencias y blanqueo.
El Ministerio Público afirmó que con este caso busca sentar precedentes sobre el uso indebido de fondos municipales en San Pedro Sula. Las investigaciones continúan para establecer si existieron más implicados y determinar el destino final de los recursos públicos desviados.
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