Las cifras de homicidios en Honduras, según datos oficiales, presentan un panorama mejor que hace 20 años; sin embargo, la violencia es un problema que requiere una “medicina” integral y acción de todos, por ello, el criminólogo, Wilfredo Rubio, sugiere que el Gobierno debe construir y ejecutar un plan de seguridad interinstitucional, es decir, involucrar operadores de justicia y otros, en el combate al crimen.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, celebró este lunes a través de su cuenta en “X” (anteriormente Twitter), la reducción histórica del 55 por ciento en los homicidios en varios municipios clave de Honduras.
Este logro es atribuido a las estrategias implementadas por dicha Secretaría, que cuenta con mucho menos recursos que los que ejecutó el régimen de Juan Hernández y la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), conocida como el “Tasón”, un impuesto –que era temporal– extra que pagan hondureños para ser “protegidos”.
Durante los ocho años de dictadura Hernández, la TSP recaudó 17,181 millones de lempiras, siendo 2017 el año con mayor incremento. Sin embargo, a pesar del aumento en la recaudación, no se observó una reducción significativa en la tasa de homicidios, a menos que cifras fueran manipuladas.
Una investigación de EL LIBERTADOR reveló que estos fondos se utilizaron para financiar lujos que Hernández disfrutaría más tarde, entre ellos la compra del jet presidencial y el equipamiento bélico para mantener el apoyo de altos mandos militares que no fue usado más que para entretenimiento de soldados o para reprimir a la ciudadanía.
En contraste, bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, el “Tasón” ha recaudado más de 4,356 millones de lempiras desde 2022 a la fecha, pero mostrando índices de violencia que van a la baja.
En este contexto, el criminólogo Wilfredo Rubio comentó a este rotativo que la política de seguridad del Gobierno de Castro es más efectiva y mejor gestionada que la de su predecesor.
“Ahora es buena la transparencia, ya que se viene manejando en los fondos de seguridad y lo estamos viendo reflejado en una reducción de aproximadamente 700 homicidios (con relación a 2023) y esa estadística es positiva”, afirmó.
No obstante, Rubio destacó que, aunque la disminución de homicidios es un avance positivo, el Gobierno aún enfrenta retos en la lucha contra otros delitos como la extorsión, el robo y delitos comunes.
“Al plan de seguridad le falta la integración interinstitucional, incluso la colaboración con la sociedad y las empresas. La seguridad debe ser vista como un proyecto nacional”, añadió.
El criminólogo subrayó la importancia de un Plan Interinstitucional de Ejecución de Seguridad que involucre a operadores de justicia como el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para llevar a cabo investigaciones y capturas efectivas.
Rubio también señaló que, bajo la administración del Fiscal General Johel Zelaya, el MP ha mostrado un mejor desempeño, destacando los esfuerzos de depuración dentro de la institución.
“Es notable la diferencia en la instrucción del Ministerio Público. Ahora hay mayor proyección social, lo que nos permite estar más informados de las labores que realiza”, concluyó el analista.
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