La Fiscalía logró que el Poder Judicial admitiera más de 60 medios probatorios contra el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Rodríguez, acusado junto al expresidente de esa institución, José Juan Pineda (izq. imagen), en un caso de tráfico de influencias, entre otros delitos, al destruir documentación relacionada con finiquitos municipales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP) presentó alrededor de 63 medios probatorios –incluyendo testificales, documentales y periciales– contra el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez, acusado de tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
La acusación también se extiende al exsecretario general del TSC, Santiago Antonio Reyes Paz; la exdirectora legal, Karen Yadira Martínez Villatoro y el exjefe de auditorías municipales, Douglas Javier Murillo Barahona.
Por el mismo caso, también fue acusado el expresidente del TSC, José Juan Pineda, quien se encuentra prófugo, de quien se maneja salió del país luego que en abril pasado se presentara requerimiento fiscal con orden de arresto para los señalados.
El juicio oral y público se desarrollará del 21 de julio al 1 de agosto de 2025 y previo al proceso judicial, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó 63 medios de prueba, incluyendo testificales, documentales y periciales, los cuales fueron admitidos por el Tribunal.
El caso se originó en noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia anónima sobre actos irregulares en el departamento de Auditorías del Sector Municipal del TSC, donde varios empleados –por órdenes superiores– estaban destruyendo y ocultando documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades.
Ante la denuncia, un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) procedió a realizar las investigaciones correspondientes; dentro de las acciones correspondientes, se incautaron informes, pliegos de responsabilidad, vídeos de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados que, según la investigación, estaban siendo presionados para alterar auditorías.
En un comunicado oficial, el MP detalló: “con estas diligencias investigativas, se logró comprobar cómo funcionan redes de empleados que, aprovechándose de su posición, influyen en subalternos con el fin de que emitan resoluciones contrarias a la ley”.
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