El Observatorio del Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), institución creada para medir la brutalidad de la violencia con la que opera el crimen en Honduras, documenta un total de 92 periodistas asesinados hasta la fecha; el 93% de las víctimas se registran desde 2009 tras los acontecimientos del golpe de Estado del 28 de junio.
De esa cifra, 45 casos se documentaron en los departamentos de Cortés, Yoro, Gracias a Dios, Olancho, Lempira, Colón y Santa Bárbara que, de acuerdo a informes oficiales del Gobierno y varios artículos del portal informativo, InSight Crime, son zonas bajo control de la narcoactividad
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. No puede fundarse una sociedad sobre la base de las leyes sin la memoria de los muertos, de los mártires, para que la historia sea verdaderamente nueva debe contarse desde los caídos sin justicia, desde los que soñaron y lucharon por una nueva sociedad y perdieron en el intento ante la tiranía opuesta hasta reformas en Honduras.
En Honduras la práctica del Periodismo, desde una línea editorial comprometida con el desarrollo de la sociedad, cuesta la vida.- El contexto de violencia que ya días atraviesa el país sólo en la última década dejó al menos 60,000 homicidios, sobre todo, durante la dictadura de Juan Hernández, algo muy grave en una nación sin conflicto bélico convencional, pero que en los hechos se ensaña con el gremio de comunicadores, así lo revelan cifras del Observatorio del Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), que desde 2001 contabiliza 92 “tribunos” ejecutados.
El análisis de datos de OCEL, puntualiza que de la cifra total, el 93% de los casos han sido documentados desde 2009, año en que se rompió el orden constitucional con un golpe de Estado que trajo fatalidad durante 12 años y es problema heredado para la nueva autoridad, raíces grandes de una narco dictadura.


Por otro lado, según el mapeo de EL LIBERTADOR, del total de crímenes, 45 ocurrieron en los departamentos de Cortés, Yoro, Gracias a Dios, Olancho, Lempira, Colón y Santa Bárbara, que de acuerdo a informes de la Secretaría de Seguridad y portales especializados como InSight Crime, son zonas donde los grupos narcotraficantes ejercen el control.
La base de datos de OCEL refleja que 42 periodistas y comunicadores fueron ejecutados en un horario entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, horas acostumbradas para el ejercicio de sus labores; en tanto, otros 22 casos se reportan entre las 6:01 de la tarde y las 11:00 de la noche, cuando los profesionales se dirigían a sus casas de habitación a labores especiales en jornada nocturna.


Respecto a las cifras anteriores, cuatro comunicadores fueron ejecutados durante la madrugada y en trece casos no se conoce hora específica del crimen, respondiendo a que algunos de ellos fueron secuestrados antes de ser encontrados sin vida.
Cabe señalar que el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), contabiliza 96 casos de asesinato a periodistas, al respecto la directora de este ente, Amada Ponce ha señalado que de esa cifra apenas un 10% ha sido judicializado sin que haya condenas efectivas más que en cuatro casos, donde se declaró culpabilidad a los autores materiales y a la fecha no se ha dado con las mentes que ordenaron el crimen.


“Sabemos que hay una subordinación por parte de parte de los poderes del Estado, especialmente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y no solamente en estos últimos 12 años de Gobierno nacionalista, sino desde hace muchísimo tiempo, en ese espacio judicial hay protección a intereses de la empresa privada, narcotráfico y crimen organizado, y esto no lo dice C-libre, lo dicen los informes internacionales de derechos humanos”, criticó.
La activista social amplió que en Honduras los periodistas, sobre todo de medios alternativos, se han convertido en una amenaza para los intereses de grupos fácticos cuando divulgan información sobre nexos con el crimen organizado, la industria extractivista, abusos de banqueros o temas relacionados con la corrupción y la impunidad: “Los periodistas son vistos como una pieza que hay que mover”.


Por otro lado, la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, afirmó ante EL LIBERTADOR que el Gobierno de Xiomara Castro no ordenará la ejecución de periodistas y en este contexto, Amada Ponce fue enfática que “todas las secretarias deberían estar encaminadas a cumplir esta iniciativa”.
Valoró que lo anterior debe ser una tarea multidisciplinaria, sobre todo de Derechos Humanos y de las dependencias de Seguridad y de Defensa, pues cumplen roles de investigación. “Lo vemos con muy buenos ojos el anuncio, pero estamos también como organizaciones de sociedad civil observantes de qué puede fluir”.
Y sobre esto, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes Pavón, dice tomar la palabra de la secretaria Roque: “Eso sería lo ideal y lo correcto, ella debería de ayudarnos ahorita para hacer incidencia también con la lucha para despenalizar los delitos contra el honor que genera censura y hostigamiento”.
Sobre los asesinatos, Reyes Pavón es claro al mencionar que “cuando hay impunidad contra el asesino de un periodista, da pie para que otros puedan ver que no hay mayor castigo y terminen atentando contra la vida de comunicadores y eso nos vuelve más vulnerables”.
El presidente del CPH mencionó que los desafíos son muchos y castigar a los asesinos es sólo un punto a tratar: “Esperaríamos que la CICIH (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras) también pueda a investigar esto, porque si vienen a indagar sobre impunidad, pueden colaborar en los crímenes contra periodistas”.
VEA AQUÍ EDICIÓN MENSUAL EL LIBERTADOR, MAYO 2022
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