Un sistema hondureño que produce informes internacionales que nos describen con crudeza —no por mala fe, sino por evidencia— como una sociedad capturada. Como advierte la literatura comparada sobre corrupción sistémica. No se trata de desviaciones: la corrupción se vuelve el modo de operar, escudriña aquí el pensador Rodolfo Pastor Fasquelle.
Y en ese contexto, el Supremo Magistrado —con sus propias cuentas pendientes ante la justicia— guarda silencio. No puede hablar. No debe. Su silencio también es parte del sistema. No estamos ante errores, abusos o ante excesos. Estamos ante un sistema que funciona así. Un plan. Y frente a eso, no bastan reformas parciales.
Queda, entonces, plantear con claridad la disyuntiva: CICIH o Constituyente. Y el fin de una clase política que ha hecho del poder un mecanismo de expoliación y terror.
Rodolfo Pastor Fasquelle
EL LIBERTADOR
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Lo ocurrido estos días en el Congreso Nacional no fue un acto jurídico legal: fue una operación política ejecutada como farsa judicial, que terminó de romper el ya precario equilibrio entre poderes. Una fiscalía que —aunque electa en segunda instancia— debía responder a la sociedad, no a intereses de facción, fue sometida a un juicio político arbitrario.
Pero el hecho aislado no existe. Justo cuando el país requiere recomposición institucional, se ejecuta en simultáneo, la remoción del fiscal suspendido y la salida forzada de la presidenta de la Corte Suprema. No es torpeza. Es coordinación. Un mismo libreto desplegado en distintas pistas, que parece una provocación.
Y mientras ese espectáculo concentra la atención pública, bajo la alfombra —a la misma hora— el Congreso reimpone el empleo por hora. Lo que, en cualquier otro contexto, habría sido el escándalo central: la precarización deliberada del trabajo, la institucionalización de la inseguridad laboral. No es coincidencia: es cobertura. El circo no distrae; vela y protege.
No es falta de escuela. Muchos de los actores de esta escena son abogados y notarios formados, reconocidos por la misma institucionalidad que hoy desmontan. Por eso el problema no es ignorancia: es decisión.
En la pista central del circo, los inquisidores.
Diputados que se erigen en jueces mientras arrastran sus propios expedientes —reales o potenciales— en un país donde la impunidad se ha convertido en norma y complemento[?]. Algunos vinculados en el pasado a investigaciones como las de la MACCIH; otros protagonistas abiertos de violaciones a la ley electoral o a derechos básicos; pero sin embargo juzgan, y condenan.
En la pista lateral, el fiscal acusado no desmiente lo esencial: admite, entre líneas y formalidades, haber intervenido en procesos sensibles. Destituido en el momento decisivo, a quien llevaba una causa incomoda para el poder. La pregunta no es técnica, es política: ¿por qué y para qué fin? ¿para complacer a quién?
Y al otro lado, la presidenta de la Corte, que nunca debió ocupar ese cargo —por calificación, por vínculos, por dependencia política— pero lo desempeñó por designio superior. Y ahora renuncia sin resistencia ante un pequeño chantaje. No hay aquí tragedia personal: hay confirmación de diseño, de la trama. Y omito los nombres porque el problema no está en los nombres. Está en el sistema.
En el que los fiscales no acusan o inventan, y los jueces manipulan expedientes. Donde el poderoso negocia su impunidad y el débil enfrenta todo el peso de la ley. Donde más del 90% de los delitos graves —asesinatos, violaciones a derechos humanos— no se castigan.
Donde casos emblemáticos, de los muchos líderes indígenas y garífunas que defienden sus territorios, revelan el mismo patrón. Igual que la violencia estúpida de género y el crimen ambiental.
Un sistema que produce informes internacionales que nos describen con crudeza —no por mala fe, sino por evidencia— como una sociedad capturada. Como advierte la literatura comparada sobre corrupción sistémica. No se trata de desviaciones: la corrupción se vuelve el modo de operar.
Y en ese contexto, el Supremo Magistrado —con sus propias cuentas pendientes ante la justicia— guarda silencio. No puede hablar. No debe. Su silencio también es parte del sistema.
Hace décadas, escribió Roberto Sosa: “Entré a la casa de la justicia de mi país… y comprobé que es un templo de encantadores de serpientes…” Nada esencial ha cambiado. La novedad en el último cuarto de siglo es que aprovechan esta condición, los narcotraficantes, los tratantes de blancas, los buscadores de sus propios reinos para el fraude y el crimen internacional.
La clase política ofrece espectáculo mientras desmantela lo que quedaba del Estado de derecho. Lo que permanece no es justicia: es escenografía, parafernalia y falsa cábala. Palabras vaciadas, rituales sin contenido, decisiones que afectan vidas reales desde una ficción institucional.
No estamos ante errores, abusos o ante excesos. Estamos ante un sistema que funciona así. Un plan. Y frente a eso, no bastan reformas parciales.
Queda, entonces, plantear con claridad la disyuntiva: CICIH o Constituyente. Y el fin de una clase política que ha hecho del poder un mecanismo de expoliación y terror.
San Pedro Sula.