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El consejero electoral, Marlon Ochoa, manifestó que el juicio político que pretende impulsar el bipartidismo en el Congreso Nacional violenta disposiciones constitucionales al no cumplir con los requisitos que establece la Constitución para su aplicación, y estar motivado por intereses partidarios antes que por causales jurídicas objetivas.

“No solo es la corrupción y el fraude durante el proceso electoral, es que se instaura un régimen que está devolviendo exactamente las políticas por las que el pueblo hondureño fue a la urna para sacar a Juan Hernández”, sentenció la excandidata presidencial, Rixi Moncada, durante una entrevista con este rotativo.

El exgerente de la ENEE, Erick Tejada, advirtió que trasladar a la Secretaría de Infraestructura y Transporte la ejecución de la represa “El Tablón” implicaría regresar al sitio de presa contemplado en estudios desfasados de 2017, lo que duplicaría el impacto social, retrasaría el proyecto y afectaría a casi 800 familias en el Valle de...

Para los observadores electorales de la Unión Europea no hubo fraude electoral el pasado 30 de noviembre, a pesar de las múltiples denuncias e inconsistencias documentadas y señaladas por diversos sectores.

El consejero Marlon Ochoa aseguró que sectores del Partido Nacional y Partido Liberal impulsan un juicio político en su contra con el propósito de silenciarlo por sus denuncias de fraude electoral en los comicios pasados.

Trabajadores del Sistema Nacional de Emergencias aseguran —en un comunicado público— que cuentan con contratos, constancias y registros de pago que respaldan su relación laboral, tras denuncias que ponen en duda su existencia administrativa.

Según el pensador hondureño, Rodil Rivera Rodil, el Partido Nacional históricamente ha promovido reformas legales con el propósito de blindarse ante acciones judiciales y, como ejemplo, el “fuero legislativo” en 2019, entre otros casos.

Abogados constitucionalistas sostienen que el Congreso puede derogar la amnistía para perseguidos políticos del golpe de Estado y la dictadura de Juan Orlando Hernández; sin embargo, advierten que anular cartas de libertad o reabrir casos violaría la separación de poderes y el principio de cosa juzgada.