El desalojo de cerca de 300 personas en Cofradía, Cortés, dejó al descubierto la vulnerabilidad de cientos de familias que, bajo la lluvia, vieron derribadas sus viviendas y perdieron el lugar donde habían invertido años de trabajo, por una supuesta orden judicial.
Ante este escenario, el abogado y exdirector de Migración, Wilson Paz, cuestionó las prioridades del Gobierno de Nasry Asfura porque prevalecen los intereses sobre una clase económica frente a las necesidades de los sectores más desposeídos, mientras el Estado no ofrece alternativas para quienes quedan a la intemperie.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cerca de 300 personas quedaron sin vivienda este martes, luego de que un contingente policial se desplegara en la colonia Belén, sector de Cofradía en San Pedro Sula, Cortés, para ejecutar un desalojo en cumplimiento de una orden judicial.
El operativo policial provocó fuerte indignación entre los hondureños afectados, tal es el caso de una ciudadana que reclamó haber votado por Nasry Asfura para que como presidente viera por los más pobres y no ha cumplido, exigiéndole que “deje de favorecer a los empresarios”.


El desalojo de este martes se suma a otros mil que ha denunciado la organización Vía Campesina, en el marco de la Ley Agroindustrial que favorece a élites políticas, según expertos y defensores de la tierra.
Y, ante este contexto, EL LIBERTADOR se ha entrevistado con el abogado y extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, quien criticó la actuación gubernamental porque “favorece” élites empresariales frente a las necesidades de sectores vulnerables que están quedando relegadas.
Paz describió que lo visto en Cofradía es la representación viva de un modelo de desigualdad donde los que menos tienen terminan soportando con crueldad las consecuencias de decisiones institucionales.
El profesional del derecho señaló que las imágenes del desalojo evidencian una crisis humanitaria que no puede analizarse únicamente desde el cumplimiento de una orden judicial, pues entre las personas desalojadas hay mujeres, familias que habían construido sus viviendas con años de esfuerzo y ciudadanos que también desarrollaban actividades agrícolas en la zona.


“Yo creo que cuando hay un Estado que quiere hacer las cosas bien, siempre hay algún tipo de alternativa, pero en este caso no hay ningún tipo de alternativa más que estas personas sean sacadas de sus bienes, puestas a la intemperie”, lamentó.
Y prosiguió: “Este sistema tan injusto, tan desigual… un Estado que protege a los que tienen y desprotege a los que no tienen; un Estado que no tiene la capacidad de reaccionar en beneficio de estas personas”.
MIGRACIÓN
Paz también relacionó la vulnerabilidad de estas familias con el incremento de las dificultades económicas y el fenómeno migratorio, ya que ante la falta de respuestas gubernamentales miles de hondureños van a seguir buscando oportunidades fuera del país.
Por ejemplo, mencionó las caravanas de migrantes que han comenzado a salir desde San Pedro Sula, desplazamientos que no siempre responden a las amenazas del crimen organizado como tal, sino a las condiciones generales del país que está en una regresión económica, social y política.
Paz también comparó las medidas de protección social de la administración de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026) con las condiciones que enfrenta actualmente la población hondureña bajo el Gobierno Asfura.


El abogado sostuvo que durante el período anterior existieron una amplia gama de políticas sociales como los subsidios a la energía eléctrica y los combustibles que representaban un alivio para determinados sectores de la población.
Asimismo, mencionó la reducción gradual de la tasa de homicidios y las decisiones orientadas a proteger a las familias de menores ingresos con proyectos como el bono tecnológico y la estrategia “Hermano Vuelve a Casa” para migrantes retornados.
Además, concluyó que: “En Honduras existe un problema grave y agudo de tierras, tanto en el interior del país como en las principales ciudades del país. Es muy importante que las personas tengan la asesoría correcta para poder ir regularizando ese espacio de tierra que hoy les corresponde. Ya la ley brinda beneficios a las personas que son dueños y que tienen sus escrituras”.

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