Voces internacionales han condenado los juicios que promueve el Congreso Nacional de Honduras contra actores que han denunciado el fraude electoral de noviembre pasado; entre ellos, el economista estadounidense, David Adler, quien advirtió que el país se conduce hacia una dictadura a gran escala con el beneplácito de Estados Unidos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El activista y economista estadounidense, David Adler, manifestó que Honduras se conduce hacia una “dictadura a gran escala” orquestada desde Estados Unidos y cuya primera víctima es el consejero electoral, Marlon Ochoa, quien enfrenta un juicio político desde el Congreso Nacional.
Ochoa denunció un fraude electoral en las pasadas elecciones que dieron como aparente ganador al nacionalista Nasry Asfura, quien además recibió el respaldo del presidente Donald Trump, que amenazó con repercusiones si los hondureños no votaban por él o favorecían con su voto a la candidata de Libre.
“En este momento, Honduras se está sumiendo en una dictadura a gran escala —cultivada y coordinada por Estados Unidos— y su primera víctima es mi querido amigo Marlon Ochoa, quien se atrevió a documentar el fraude electoral que llevó al poder al candidato elegido por Trump”, declaró Adler.
Desde el ascenso del nuevo gobierno, sobre todo desde el Congreso, se impulsa una serie de juicios políticos contra actores de los entes de justicia y electorales, siendo el entonces fiscal general, Johel Zelaya, el primero en ser destituido. Actualmente, se encuentran investigados tanto Ochoa como tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral.
En ese sentido, el Colectivo por la Paz en Colombia desde México (Colpaz) sugiere que, bajo una fachada de procedimientos legales, se estarían ejecutando maniobras forzadas, como el juicio político, que carecen de objetividad y respeto a las garantías procesales mínimas, y que buscan concentrar el poder.
“La coincidencia en el tiempo de estas decisiones sugiere un plan orquestado para la reconfiguración simultánea de los órganos de control, sometiéndolos a intereses políticos partidarios y eliminando su independencia”, expresó la organización en un comunicado.
Asimismo, consideró el mecanismo como una represalia directa por el rol de Ochoa como denunciante del presunto fraude en los comicios de 2025, ya que denunció la manipulación del sistema de transmisión de resultados (TREP) y las irregularidades en los mecanismos biométricos.
La organización elevó una serie de exigencias, solicitando al Poder Legislativo la suspensión inmediata de los juicios que no se ajusten a los parámetros internacionales de debido proceso e instó a la comunidad internacional a mantener vigilancia.
Finalizó: “No aceptamos que la justicia sea utilizada como un arma de persecución contra quienes, como Marlon Ochoa, han tenido la convicción de no venderse ante los verdugos de la democracia”.
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