El criminólogo Wilfredo Rubió advirtió que un escenario donde un grupo criminal toma posesión de una zona poblada, como la colonia Villa Nueva de la capital hondureña, “a vista y paciencia de las autoridades” deja en evidencia que hay un retroceso en seguridad.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El fin del Estado de Excepción que aplicó la administración de Xiomara Castro (2022-2026), coincidió con un repunte de homicidios, masacres (de tres o más víctimas) y la violencia de tipo común; y esto confirma que el Gobierno de Nasry Asfura está lejos de encontrar la fórmula para la seguridad del pueblo.
El pasado domingo, a menos de 24 horas del “Día de la Humillación” donde la iglesia evangélica “rogó” por Honduras, unas 15 familias del sector 8 de la colonia Villa Nueva en Tegucigalpa (capital del país), eran desalojadas por pandilleros; la Policía Nacional llegó únicamente a custodiar el exilio forzado de los afectados.
La zona ha sido intervenida hasta después de conocerse la noticia, el Gobierno movilizó unos 120 agentes de Policía, además algunas unidades de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y la “nueva” División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) que ayer martes arrestó a Axel Eduardo Alvizuris Chay, alias “El Pinky”,
El desalojo en Villa Nueva, para el criminólogo, Wilfredo Rubio, envía un mensaje claro: “Hay un gran retroceso en la seguridad. Porque si una estructura criminal se atreve a tomar posesión de un área poblada, a vista y paciencia de las autoridades, entonces no queda otra conclusión”.
El experto lamentó que el desalojo en la colonia capitalina solo se ha visto bajo escenarios con países en guerra, “de hecho es una guerra interna entre el crimen y la ciudadanía, y no se ve un plan de seguridad”.
Rubio afirmó que el papel de los entes de seguridad, al acompañar el desalojo se entiende bajo un esquema de “protección a la vida” o un plan de contingencia y que en Honduras hay un sistema que es clave para comprender el contexto del crimen: corrupción.
“Sabemos con certeza que hay suficientes personas coludidas para que se filtre información de investigaciones y todo lo que se pueda filtrar en el sistema para que no esté dando los resultados mínimos que debería obtener, entonces prácticamente hay que replantearse todo”, señaló.
Rubio meditó que comúnmente se suele dirigir críticas hacia las unidades de seguridad en la Policía y Fuerzas Armadas, pero que quienes deben dar la cara ante la sociedad son las figuras de más alto nivel, los presidentes de los tres poderes del Estado: Ejecutivo (Nasry Asfura), Legislativo (Tomás Zambrano) y Judicial (Wagner Vallecillo).
“Desde ahí es que surgen las políticas criminales reales, luego pasan hacia el Ministerio Público, que por ley y por Constitución tiene el monopolio de la investigación y la persecución criminal”, recordó.
Un indicador clave para medir la violencia en Honduras, es la cantidad de homicidios registrados, entre el 1 de enero y 6 de septiembre de este 2026 se documenta 1,731 asesinatos, apenas 56 casos menos que 2025; en marzo y agosto los crímenes violentos tuvieron números más elevados que el año anterior.
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