Ante una eventual llegada de unos 55 mil hondureños tras la cancelación del TPS, organizaciones sociales y de protección a migrantes retornados instan al Gobierno que declare una emergencia migratoria para actuar de forma inmediata ante las necesidades y demandas de “tepesianos” y deportados por condición irregular.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El director de la Comisión Acción Social Menonita (CASM), Nelson Lobo, destacó que el Foro Internacional “Por una Gobernanza Migratoria con Soluciones Duraderas Desde los Gobiernos Locales”, integra el objetivo de visibilizar los principales desafíos para Honduras desde la sociedad civil y autoridades del Gobierno.
Lo anterior, en un contexto relevante tras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump –supuesto aliado del gobernante hondureño, Nasry Asfura– lograra la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que pone final a la permanencia de más de 55 mil hondureños en ese territorio y que, eventualmente, retornaran a Honduras.
“Esto, demanda una acción muy rápida, de mucha agilidad de parte del Gobierno, para diseñar estrategias que permitan que nuestros compatriotas puedan entrar al país en una forma segura, pero también en una forma humana, y que se les puedan respetar sus derechos” sostuvo Lobo.
El director de CASM también llamó a fortalecer el papel de los gobiernos locales (alcaldías), pues son las municipalidades las que reciben directamente a las personas retornadas pues éstas recibirán fondos del Gobierno Central para atender a los retornados.
Y, es que, según planteó, ya es relato viejo el porqué existe migración en el país, por lo que el objetivo de las autoridades está en focalizar los recursos para mitigar esas causas y que los hondureños que regresan, decidan quedarse.
En el foro, las organizaciones participantes presentaron propuestas para abordar el tema, la principal de ellas es declarar una “emergencia migratoria” que permita acciones inmediatas ante las necesidades y demandas de las personas en situación de movilidad humana, tanto los que estaban viviendo en EE.UU. amparados en el TPS como aquellos en condición “irregular” y los deportados.
La emergencia, según un comunicado de prensa, incluso abarca a los desplazados en el territorio nacional por la violencia y efectos del cambio climático, bajo un enfoque de derechos humanos y soluciones duraderas.
Por su parte, el representante de la Asociación Red de Convergencia Juvenil “Generando con Voz” (Arjuc), Magdiel Murillo –quien es migrante retornado–, compartió que una de las principales demandas de la organización es que los recursos destinados a las municipalidades para atender la problemática migratoria realmente lleguen a los afectados.
“Ya hemos vivido esa experiencia de que vamos a las municipalidades y les consultamos qué se está haciendo con ese fondo, y los alcaldes nos dicen que no, es totalmente falso, que nunca llegan ahí (los recursos)”, dijo.
Murillo resaltó que Honduras actualmente “no está preparado” para un eventual retorno masivo de hondureños desde EE.UU. y, precisamente, es una de las causas por las que se opta por la migración irregular, porque el país carece de oportunidades y sostiene un esquema de vulneración de derechos indispensables.
Además del CASM y la Arjuc, el foro también contó con la participación de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog), el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) y el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih).
Las discusiones estuvieron a cargo de activistas de derechos humanos, representantes de la diáspora hondureña en Estados Unidos y España, diputados y representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otros.
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