La Procuraduría General de la República (PGR) acusó al juez que conoció el caso de Juan Orlando Hernández (JOH) de excluir una parte sustancial de las pruebas presentadas por el delito de lavado de activos, lo que, a su criterio, provocó la supuesta insuficiencia probatoria que terminó eximiéndolo de los cargos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones designada para que revoque el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández y se ordene auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y lavado de activos.
La PGR cuestionó la resolución judicial y señaló que el juez que conoció el caso excluyó 22 de los 38 medios de prueba propuestos por la acusación, equivalente a cerca del 58 por ciento del material probatorio documental.
Según la Procuraduría, esta exclusión habría provocado la supuesta insuficiencia probatoria señalada posteriormente por el propio juez para concluir que no existían elementos suficientes que acreditaran el destino de los fondos ni un beneficio a favor de Hernández.
“Nos resulta increíble que estemos ante un juez especializado en materia de criminalidad organizada y corrupción y que descarte los medios de prueba por no estar a nombre del acusado, y que se nos exija prueba directa para acreditar el delito de lavado de activos”, expresó la PGR.
La Procuraduría sostuvo que en este tipo de delitos puede utilizarse prueba indiciaria, debido a que el lavado de activos suele involucrar mecanismos destinados a ocultar el origen de los recursos, romper su trazabilidad y utilizar empresas fachada o testaferros, por lo que argumentó las operaciones no necesariamente aparecen directamente a nombre de quien presuntamente se beneficia.
La institución también cuestionó la situación del testigo Fernando Suárez, señalado como una pieza principal del caso por ser la persona que manejaba las fundaciones la Fundación Dibattista y la Fundación Todos Somos Honduras que, según la acusación, recibieron fondos que posteriormente habrían sido desviados para financiar actividades relacionadas con la campaña política de Hernández.
De acuerdo con la PGR, Suárez se encontraba recluido en una unidad policial cumpliendo la pena impuesta y bajo estrictas medidas de seguridad cuando, ese mismo día, un juez de ejecución con competencia nacional ordenó su libertad de manera unilateral.
La Procuraduría afirmó que la decisión se habría tomado sin audiencia ni notificación a las partes, además de que el testigo, pese a su condición de protegido, habría quedado sin medidas de seguridad, sin consignar una dirección y sin mecanismos establecidos que permitieran garantizar su ubicación.
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