El extitular de Finanzas, Christian Duarte, vinculó la crisis alimentaria que afecta a 1,8 millones de hondureños, según un estudio del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan) de la UNAH, con los recortes presupuestarios ejecutados por la administración de Nasry Asfura, que, según denunció, golpearon programas agrícolas, ambientales, de acceso al agua y seguridad alimentaria.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El extitular de Finanzas, Christian Duarte, reaccionó al reciente estudio del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que señala que 1,8 millones de hondureños se encuentran en una crisis alimentaria en el país a causa de la sequía.
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De acuerdo con Duarte, esos datos son consecuencia de los recortes presupuestarios implementados por el presidente Nasry Asfura, los cuales impactarían en programas para el sector agrícola, la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria y el suministro de agua.
“Eliminaron 1,300 millones de lempiras de los bonos productivos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG); eliminaron casi 600 millones de lempiras de los programas de protección y reforestación del bosque y de conservación de microcuencas en el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente”, explicó.
Asimismo, Duarte afirmó que se redujeron 1,991 millones de lempiras destinados a créditos agrícolas de bajo costo en BANADESA (Banco Nacional de Desarrollo Agrícola); asimismo 130 millones del programa de precios de garantía del Instituto Hondureño de Mercado y Agrícola (IHMA) y 265 millones de lempiras del programa de semilla mejorada de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).
“Recortaron 950 millones de lempiras a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y eliminaron la construcción de la represa de Jiniguare para almacenar y abastecer agua a la capital”, agregó.
Además, explicó que también habrían sido eliminados cerca de 1,400 millones de lempiras del Programa de Acción Solidaria (PROASOL) destinados a la merienda y matrícula escolar, así como el programa de represas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
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