¿SIN ARGUMENTOS ANTE LA CIDH? REPRESENTANTE DE ASFURA EVITA RESPONDER POR JUICIO POLÍTICO

El Estado hondureño quedó en una posición de indefensión durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que la embajadora alterna de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Marlene Villela Talbot, manifestó que cualquier consulta formulada por la Comisión o por las organizaciones de la sociedad civil solicitantes sería trasladada a la Cancillería hondureña para su análisis y eventual respuesta por los canales correspondientes.

Redacción Central / EL LIBERTADOR 

Tegucigalpa. La embajadora alterna de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Marlene Villela Talbot, expresó la inconformidad del Estado hondureño durante la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se abordó la falta de independencia del sistema de justicia y los cuestionamientos sobre el cumplimiento de estándares internacionales en los juicios políticos.

“El Estado de Honduras manifiesta su inconformidad con la extralimitación por parte de la Comisión y presentará los fundamentos correspondientes. Bajo estas consideraciones, cualquier consulta que formule la Comisión o las organizaciones de la sociedad civil solicitantes será debidamente transmitida a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su análisis y eventual respuesta por los canales correspondientes”, manifestó.

La representante diplomática señaló que, a partir de la solicitud presentada por las organizaciones peticionarias, la convocatoria realizada por la CIDH y las declaraciones públicas de los solicitantes, el Estado hondureño considera que la audiencia buscaba debatir casos concretos relacionados con procesos políticos y judiciales contra funcionarios y exfuncionarios.

Entre los casos mencionados se encuentran los juicios políticos contra el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; el exfiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya; así como la renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Rebeca Raquel Obando.

“Más grave aún, las organizaciones han reconocido públicamente que dichas personas podrán acudir posteriormente al sistema interamericano mediante el procedimiento de peticiones y casos para impugnar esas decisiones”, afirmó.

Talbot sostuvo que el Estado hondureño considera que la audiencia convocada por la CIDH “es contraria a su propósito”, debido a que podría convertirse en un espacio para anticipar argumentos, exponer pruebas o emitir valoraciones preliminares sobre controversias que eventualmente podrían llegar al conocimiento de la Comisión mediante otros procedimientos.

Asimismo, cuestionó que la audiencia tuviera como objetivo analizar si Honduras habría incumplido sus obligaciones internacionales en materia de independencia judicial, al considerar que esto podría generar una interferencia entre las funciones de monitoreo de la CIDH y los procedimientos de peticiones y casos.

La embajadora también se refirió al caso “Gutiérrez Navas y otros versus Honduras”, señalando que dicho proceso se encuentra bajo supervisión de cumplimiento de sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que, según expresó, tiene competencia exclusiva para verificar el cumplimiento de sus resoluciones.

“Utilizar una audiencia pública de la Comisión para debatir el cumplimiento de una sentencia de la Corte, formular valoraciones sobre las medidas adoptadas por el Estado o promover recomendaciones sobre un proceso de supervisión en curso implica una clara extralimitación de las competencias de la Comisión e interfiere con un procedimiento cuya conducción corresponde exclusivamente a la Corte Interamericana”, afirmó.

Finalmente, la representante hondureña se refirió al principio  de subsidiariedad del sistema interamericano y aseguró que una audiencia general no debe utilizarse para anticipar valoraciones sobre asuntos que cuentan con mecanismos específicos dentro del sistema regional de protección de derechos humanos.

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