“SISTEMA DE JUSTICIA HONDUREÑO PREMIA LA IMPUNIDAD DE PODEROSOS Y CRIMINALIZA A VULNERABLES”

El abogado constitucionalista Ramón Barrios, afirmó a EL LIBERTADOR que la ratificación del sobreseimiento definitivo a favor del exmandatario Porfirio Lobo, en el caso Pandora II, refleja las dificultades del sistema de justicia para establecer responsabilidades penales en casos de corrupción de alto nivel, al tiempo que cuestionó el trato desigual que, reciben los pueblos indígenas y garífunas frente a figuras políticas vinculadas a procesos judiciales.

Redacción Central / EL LIBERTADOR 

Tegucigalpa. Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de ratificar el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio Lobo Sosa en el caso Pandora II, el abogado Ramón Barrios sostuvo que la resolución debe analizarse desde una perspectiva estrictamente jurídica, sin perder de vista el contexto de los hechos investigados.

Barrios recordó que el exmandatario ya había sido favorecido con un sobreseimiento en primera instancia y que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) interpuso un recurso de apelación, el cual finalmente fue rechazado.

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“Yo entendería que este recurso de apelación hoy (miércoles) ha sido denegado y por lo tanto este caso queda sobreseimiento definitivo. En este caso también estaba acusado Juan Orlando Hernández”, explicó.

No obstante, el jurista enfatizó que esa decisión judicial no significa que los hechos denunciados nunca ocurrieran: “es decir, se desviaron fondos del Poder jecutivo a organizaciones no gubernamental e hicieron uso de ese dinero para financiar campañas políticas”.

Según indicó, la investigación señalaba que recursos públicos fueron canalizados a través de organizaciones no gubernamentales para financiar campañas políticas, una práctica que, desde su perspectiva, constituye un grave abuso del patrimonio estatal.

Para Barrios, el desenlace del caso fortalece la percepción de impunidad que existe en Honduras respecto a los delitos cometidos por funcionarios de alto nivel: “queda demostrado que la justicia de Honduras, en realidad, solo puede ser alcanzada para las minorías, para las minorías étnicas, los pobres, para los campesinos, pero que el sistema de justicia, en términos generales, nunca castiga a los políticos y a las personas de mayor recurso”.

CASO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ

El abogado también se refirió a la decisión de la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que dejó sin efecto la orden de captura contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y posteriormente indultado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Barrios señaló que el indulto no elimina los hechos por los cuales Hernández fue condenado ni su condición de exconvicto, “fue condenada por narcotráfico, aunque hay una narrativa por parte de la familia del expresidente de que no es un narcotráfico, por supuesto, los hechos están ahí, él fue condenado por esos hechos y el indulto no borra ni los hechos ni la condena del poder de la justicia de los Estados Unidos”.

Además, el abogado manifestó que el procurador general de la República (PGR), Dagoberto Aspra, tiene el deber de promover una acción de repetición contra Hernández por la destitución de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que se opusieron a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), impulsadas durante su gestión.

“Porque él (Hernández) es el principal responsable de la condena que obtuvo Honduras por haber destituido y legalmente magistrado de la Sala Constitucional en el año 2002, por la cual Honduras fue condenada y fue condenada a pagar millones de lempiras, pues tiene la obligación el procurador que al día siguiente inicie la acción de repetición para que pague con sus bienes”, detalló.

CRIMINALIZACIÓN DE COMUNIDADES GARÍFUNAS

Barrios también contrastó la resolución favorable para exfuncionarios con la situación que enfrentan integrantes de comunidades garífunas procesados penalmente por defender territorios ancestrales.

Recordó que Honduras acumula sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenan garantizar los derechos territoriales de comunidades garífunas, las cuales —afirmó— siguen sin cumplirse plenamente.

“La población afrodescendiente, la población garífuna de Honduras tiene no una sentencia, tiene tres sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras que deben cumplir”, detalló.

Según Barrios, quienes reclaman el cumplimiento de esas resoluciones internacionales terminan enfrentando procesos penales, mientras que casos de corrupción o de alto impacto político concluyen sin condenas: “nuestro sistema de justicia está diseñado para condenar a los pobres, a las minorías, a las mujeres, a las personas más vulnerables.