En abril de 2022 el veterano periodista de UNE TV, César Silva, recibió su carta de libertad por el proceso que lo enfrentó a Marco Porras, venezolano que llegó a Honduras en representación del gobierno imaginario del autonombrado presidente de Venezuela, Juan Guaidó; sin embargo, con el cambio de gobierno, reactivaron el juicio y lo obligan a indemnizar 300 mil lempiras (11,182 dólares al precio del dólar con relación al lempira de hoy).
“¿Qué puedo esperar ahí? Sería perder mi tiempo, y bueno, la verdad no tiene sentido porque lo que estoy peleando ya es contra el poder, ya esta es una condición. No quisiera llamar persecución política, pero es una de las motivaciones, realmente. No tengo posibilidad de ganar nada, y con los derechos humanos, peor”, subrayó Silva.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El periodista de UNE TV, César Silva, ha denunciado que con el regreso del Partido Nacional al poder y tras la crisis que desembocó en cambios dentro del Poder Judicial (PJ), se ha reactivado el caso judicial al que fue sometido tras su enfrentamiento con el falso diplomático venezolano, Marco Porras y que se le está obligando a pagarle un monto de 300 mil lempiras como “compensación”.
Silva fue abordado por EL LIBERTADOR con relación al caso, cuyo origen se remonta a 2019 cuando el periodista interpeló a Porras que ingresaba al país con la “bendición” del régimen de Juan Hernández que lo reconoció como “embajador” del autonombrado “presidente”, Juan Guaidó, en verdad había sido electo y apoyado por Estados Unidos como su cuadro para desestabilizar el chavismo en Venezuela.
El periodista recordó que el conflicto se originó luego que Porras se negó a responder preguntas a UNE TV y que al opinar sobre temas nacionales, dejó claro su desprecio por los hondureños y amenazar que junto a la dictadura podrían replicar las “Guarimbas”, una estrategia de la oposición con barricadas y bloqueos donde se ejecutó acción violenta contra trabajadores que equivocadamente fueron calificados como “chavistas”.
Tras esa declaración, Silva interrogó con mayor determinación a Porras, que con tono retador guardó silencio ante el periodista que le recriminó su obligación de respetar la integridad de los hondureños, ante una amenaza oficial de rociar gasolina en la gente para quemarla viva.
La reacción de Silva fue considerada “exageradamente violenta” por el falso diplomático que procedió con una demanda que conllevó a un juicio injusto –según el veterano periodista– porque el juez que llevó el caso nunca admitió a sus testigos que eran su compañero camarógrafo y otros reporteros, “al final de cuentas me condenaron”.
Silva relató a este rotativo que el Poder Judicial lo condenó bajo la figura de maltrato de obra, que ocurre cuando una persona golpea o agrede físicamente a otra sin causarle lesiones, teniendo que cumplir un castigo de 39 días en prisión pero sin emitir acción inmediata para llevarlo a un recinto penitenciario, hasta que mucho después liberaron orden de captura.
“Él (Porras) me presentó otras dos demandas, una querella por difamación y otra querella por calumnias. Pero esas las logramos desestimar. Aunque sí quedó firme la condena y todas las apelaciones del maltrato de obra no tuvieron efecto. Me capturaron, pagué la fianza, que eran 390 lempiras y quedé en libertad”, explicó.
Pero el falso diplomático no quedó conforme con el castigo y presentó una ridícula acción ante lo Contencioso Administrativo por “daños y prejuicios” que logró desestimar porque no era el juzgado correspondiente, pues Silva no era un funcionario.
“Presentó otra demanda, solicitando 300 mil lempiras en otro juzgado y también la logramos desestimar, porque ya esa era cosa juzgada. Pero el punto clave es ahora, con el Partido Nacional nuevamente en el poder, se activa todo. Vuelve a presentar otra demanda en el juzgado de ejecución, por daños y perjuicios”, agregó.
El periodista resaltó que de nueva cuenta se presentó a juicio justificando que en el caso ya había sido condenado y liberado, pues contaba ya con una carta de libertad, pero que Porras actuó bajo una figura administrativa donde asegura haber “sufrido daños irreparables a su vida”, presentando documentos de tratamiento psicológico que no tenían un aval de Medicina Forense.
Un detalle relevante es que el apoderado legal de Porras es Leonel Núñez, el mismo que integró la “Comisión Liquidadora” del Gobierno de Nasry Asfura y fue quien gestionó todo para que Silva fuera nuevamente condenado y, a pesar de haber apelado porque Porras no reunía todos los requisitos para proceder, fue denegada por el Juzgado de Ejecución.
“Lo llevé más allá, a la Corte de Apelaciones y de nuevo, aprovechando la administración de Asfura, declaran sin lugar la apelación y por lo tanto queda firme la sentencia que ya me habían establecido en el juzgado de ejecución”, dijo.
La presencia de Núñez –advierte Silva– confirma que una vez más el caso tiene un tinte político y ha entrelazado intereses obscuros porque el caso se retoma una vez que cambia la configuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras la renuncia –bajo amenaza de juicio político– de la presidenta Rebeca Obando.
“Hay un recurso de casación que se puede presentar, pero ya no lo voy a presentar, porque ya he visto que hay interés político, ya todo lo que presente no tiene sentido, no pega”, agregó Silva.
El abogado del periodista es Néstor Sosa, quien le recomendó presentar la casación, pero éste no cuenta con los recursos para llegar más lejos, menos al considerar que son acciones que se resuelven por compadrazgo.
Entre otros puntos Silva resolvió con su apoderado legal que no cuenta con las condiciones para pagar el monto que exige el falso diplomático y que presentó ante el juez todos los gastos con los que cuenta, así como constancia de su salario y hasta los montos que utiliza para hacerse cargo de su madre, una abuelita ya de 96 años que está batallando contra el cáncer.
“El abogado me recomendó no decir que no iba a pagar, porque eso abre puertas a otra demanda por desacato y se va por otro rumbo. Presentamos la condición y, en todo caso yo solo puedo cubrir 2,000 lempiras al mes para tratar de cumplir con esa sentencia, voy a estar endeudado 25 años pero no me queda otra alternativa”, lamentó Silva.
Sin embargo, es el juez quien deberá emitir sentencia si acepta el monto y en caso de no aceptarlo podría ordenar un embargo, “estamos esperando la audiencia y que nos llamen porque aún no está en ejecución, pero ya me tienen embargadas unas cuentas bancarias donde no tenía más de 8,000 lempiras en pie.
César compartió que no cuenta con que haya “solidaridad” gremial o desde organismos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), porque su forma de ejercer el periodismo alternativo le han llevado a ser “detestado” por quienes lideran esos entes como Blanca Izaguirre (ombudswomen) o la secretaria de Derechos Humanos, Leila Pagán.
“¿Qué puedo esperar ahí? Sería perder mi tiempo, y bueno, la verdad no tiene sentido porque lo que estoy peleando ya es contra el poder, ya esta es una condición. No quisiera llamar persecución política, pero es una de las motivaciones, realmente. No tengo posibilidad de ganar nada, y con los derechos humanos, peor”, lamentó.
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