Para el abogado David Díaz la medida que aprobó el presidente Nasry Asfura para beneficio del director de Aduanas, Marco Tulio Abadie, si bien no representa un delito, muestra una carencia de fundamentos morales y éticos, pues el funcionario pasa a ser “juez y parte” en el caso donde se le debe reponer salarios y otras prebendas “millonarias”.
“En materia laboral es válido conciliar, pero esto tendría más justificación si fuera una medida general, una ley que abarque a toda la población de demandantes en materia laboral y no solamente para cierto grupo”, explicó el togado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. A través del Acuerdo Ejecutivo No. 033-DP-2026, el presidente, Nasry Asfura, autorizó a la Procuraduría General de la República (PGR), “renunciar” a la defensa en la demanda laboral interpuesta por quien ahora ejerce como director de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), Marco Tulio Abadie, por lo que consideró un “despido injustificado” en 2022.
La disposición fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 37,154 del 29 de mayo de 2026, donde se establece que el mandatario, en aplicación del artículo 245 numeral 11 de la Constitución de la República, está facultado para emitir acuerdos ejecutivos que autoricen al titular de la PGR ejercer facultades especiales en procesos judiciales promovidos contra el Estado de Honduras.
En ese sentido, el presidente habría solicitado al procurador Dagoberto Aspra que diera el caso como “perdido” para que el Estado pague al director de Aduanas los salarios que dejó de percibir desde su separación hasta el 26 de enero de 2026 que, sumado a otros beneficios, no deja clara una cifra total en su “reparación laboral”.
Sobre este tema, EL LIBERTADOR se entrevistó con el abogado laborista, David Díaz, quien cuestionó –en primera instancia– la decisión gubernamental porque coloca al director de Aduanas en una posición de “conflicto de interés”.
“Lo que están haciendo es matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, que el señor Abadie reciba su dinero, que le corresponde por la demanda que interpuso con base en el despido que él consideró injustificado y que los juzgados le dieron la razón”, resaltó.
Díaz criticó que, en esa posición, el funcionario queda como “juez y parte”, porque al ser separado, demandante y director del ente demandado, “él mismo se va a autorizar la erogación de ese pago”.
Para el togado este caso no constituye una ilegalidad, pero sí muestra una carente de fundamentos éticos y morales de los involucrados; aunque advirtió que la actual administración ya vulneró leyes y la Constitución en casos más graves y, por ende, no le va a prestar atención al tema de Abadie.
No obstante, hizo hincapié que la posición de Asfura, deja al Estado en condiciones de indefensión ya que genera un “trato preferencial” hacia una persona en específico, uno de sus funcionarios.
“En materia laboral es válido conciliar, pero esto tendría más justificación si fuera una medida general, una ley que abarque a toda la población de demandantes en materia laboral y no solamente para cierto grupo de personas. La ley no solo es para el amigo. Una disposición normativa como tal muestra una especie de favoritismo”, dijo.
Díaz agregó que desde todo punto de vista es incorrecto, porque habrá un perjuicio contra el pueblo hondureño y la acción desconoce incluso un principio constitucional: todos los hondureños nacen libres e iguales en derechos y leyes: “Este artículo está en contra de ese tipo de normativas que ha publicado o promulgado en La Gaceta el presidente”.
Finalmente, Díaz sentenció que la medida podría ser objeto de futuras acciones legales o revisiones, ya que “hay mecanismos para reparar este tipo de actuaciones, pero ellos tienen el poder y lo van a ejercer hasta que el pueblo hondureño diga que no”.
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