¡BOLIVIA EN LLAMAS! MASIVAS PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO POR PRIVATIZACIONES Y SOMETIMIENTO A EE.UU.

Masivas protestas, bloqueos y enfrentamientos sacuden Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz, acusado por sectores populares de impulsar un paquete privatizador, aplicar ajustes económicos y someterse a intereses privados y de Estados Unidos.

Agencias / EL LIBERTADOR

Bolivia entró en una nueva fase de convulsión social, con protestas, bloqueos carreteros y enfrentamientos que desafían al gobierno de Rodrigo Paz, señalado por sectores populares de someter el país a intereses privados y extranjeros.

Las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo y reúnen a obreros, campesinos, indígenas, transportistas, mineros, maestros rurales y organizaciones afines al expresidente Evo Morales, en rechazo al rumbo económico del Ejecutivo boliviano.

Aunque el Gobierno intentó reducir el conflicto a un problema de orden público, los manifestantes sostienen que la crisis responde a un paquete de diez leyes que abriría paso a privatizaciones estratégicas.

Según los sectores movilizados, ese paquete legislativo pretende privatizar servicios básicos como agua, energía eléctrica y gas, medidas que califican como “lapidarias para la economía” y contrarias al interés nacional boliviano.

A ese rechazo se suman demandas salariales, abastecimiento de combustibles, defensa de la tierra campesina e indígena y exigencias de renuncia contra Paz, quien asumió prometiendo reformas orientadas al mercado.

La Central Obrera Boliviana mantiene una de las principales presiones contra el Ejecutivo, al exigir mejoras salariales y cuestionar una política económica que, según los sindicatos, descarga la crisis sobre los trabajadores.

El conflicto se extendió a carreteras, ciudades y accesos estratégicos hacia La Paz y El Alto, donde los bloqueos han afectado el transporte, el comercio, el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible.

 

Medios regionales reportaron más de veinte puntos de bloqueo activos, mientras otras coberturas señalaron que la protesta llegó a superar sesenta cortes en carreteras durante los momentos más críticos de la crisis.

El Gobierno respondió con despliegues policiales y militares para abrir corredores humanitarios, una medida presentada como necesaria para garantizar suministros, pero denunciada por organizaciones sociales como una forma de militarizar el conflicto.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos condenó las protestas y bloqueos, al afirmar que han provocado una crisis humanitaria con escasez de medicamentos, alimentos y combustible.

Washington también expresó respaldo al gobierno “democráticamente elegido” de Rodrigo Paz y apoyó sus esfuerzos por restablecer el orden, en un pronunciamiento interpretado por sectores sociales como alineamiento político directo.

Para los manifestantes, ese respaldo confirma que Paz gobierna bajo una lógica subordinada a los intereses de Estados Unidos y de grupos económicos privados, mientras impulsa reformas rechazadas por amplios sectores populares.

 

El presidente boliviano elevó el tono contra los dirigentes sociales y advirtió que quienes intenten “destrozar la democracia” enfrentarán cárcel, tras enfrentamientos entre mineros y policías registrados el 14 de mayo.

Las protestas también estuvieron marcadas por choques violentos en La Paz, donde mineros intentaron ingresar a la plaza Murillo y detonaron cargas de dinamita, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos.

El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que “Bolivia vive una insurrección popular” y ofreció colaborar en una salida pacífica si su gobierno es invitado, en medio de la creciente presión regional.

El expresidente Evo Morales denunció que Estados Unidos habría ordenado al gobierno de Paz ejecutar una operación militar, con apoyo de la DEA y el Comando Sur, para detenerlo o matarlo.

Morales afirmó que unidades militares, francotiradores y agentes extranjeros estarían desplegados en el Trópico bajo mando de marines estadounidenses y agentes de la DEA paraguayos; esas denuncias no han sido verificadas independientemente.

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