Los audios difundidos por Honduras Gate han generado conmoción por sus presuntas revelaciones sobre redes de poder político y control institucional; ante ello, Joaquín Mejía alertó que deben abordarse como un asunto de interés público.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, advirtió que los audios difundidos por el medio español Diario Red, en alianza con Honduras Gate, deben investigarse como un asunto con posibles implicaciones constitucionales, penales y de derechos humanos para Honduras.
Mejía sostuvo que el contenido de las grabaciones no puede manejarse como una simple confrontación política entre “izquierda” y “derecha”, sino como hechos que podrían comprometer la legalidad, la institucionalidad democrática y la responsabilidad de funcionarios públicos y particulares.
“Debemos exigir al Ministerio Público la apertura de una investigación independiente, objetiva, diligente y técnicamente sustentada, con mecanismos de veeduría social, dada la crisis de confianza existente en la institucionalidad encargada de investigar”, expresó el analista.
El defensor de derechos humanos también señaló que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) debe intervenir en aquellos aspectos relacionados con posibles amenazas o vulneraciones graves a derechos fundamentales derivadas del contenido revelado en los audios.
Las grabaciones difundidas por Honduras Gate contienen presuntas conversaciones sobre estructuras de poder político, expansión de las ZEDE, relaciones internacionales, control institucional y estrategias de influencia regional, además de referencias al expresidente Juan Orlando Hernández y su indulto en Estados Unidos.
Entre las figuras hondureñas mencionadas o presuntamente involucradas en los audios aparecen el jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano, la designada presidencial María Antonieta Mejía y el presidente Nasry Asfura.
Mejía afirmó que las personas señaladas deberían apartarse temporalmente de cualquier espacio de poder desde el cual puedan “interferir, condicionar o entorpecer” eventuales investigaciones, en resguardo de la imparcialidad y la confianza pública.
Asimismo, indicó que el Congreso Nacional tiene la obligación de ejercer control político y convocar a rendir explicaciones a las personas mencionadas en las grabaciones, particularmente a quienes estén vinculadas con instituciones electorales y estructuras estatales.
El experto también cuestionó que algunos sectores intenten desacreditar el contenido de los audios únicamente calificándolos como falsos, argumentando que materiales de esta naturaleza requieren análisis técnicos, peritajes e investigaciones formales antes de descartar su autenticidad.
Finalmente, Mejía aseguró que la gravedad de lo revelado confirma la necesidad de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), señalando que el caso refleja la persistente crisis de confianza en las instituciones nacionales.
Deja un Comentario